Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, ha impugnado su imputación en una causa de corrupción. La defensa cuestiona la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien previamente había rechazado cambiar su estado procesal de testigo a investigada.
La investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con Begoña Gómez. El caso abarca diversas actividades profesionales de Gómez desde su residencia en el Palacio de la Moncloa.
El 20 de diciembre, Cristina Álvarez declaró como testigo, confirmando que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Begoña Gómez. Explicó que fue nombrada para asistir a la esposa del presidente en temas oficiales y privados.
El 28 de enero, el juez Peinado decidió imputar a Álvarez por los delitos mencionados, citándola para declarar como investigada el 28 de febrero. Esta decisión contrasta con la del 9 de enero, cuando el juez había considerado que no había motivos suficientes para imputarla.
Recurso de la Defensa
La defensa de Álvarez ha recurrido la imputación, argumentando que el juez utilizó su declaración como testigo para imputarla, lo cual consideran una "trampa". Además, cuestionan la falta de motivación en la decisión y la ausencia de indicios claros de delito.
Según un oficio de la Presidencia del Gobierno, Álvarez desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo, en el marco de la atención a la esposa del presidente. Sus funciones incluyen gestionar la agenda, preparar la presencia en reuniones y coordinar con los equipos de protocolo.
