Redes sociales Esta fue la polémica de Bono con el chavismo en la que Estados Unidos pone la lupa
El origen del caso se remontaba a 2005 cuando Zapatero anunció el acuerdo para vender cuatro barcos a la Armada venezolana
La polémica surgió cuando la fiscal Luisa Ortega entregó a la CIA e Interpol documentos que vinculaban a España en un caso naval.
Entre los archivos destacó un expediente de la “segunda gaveta” que señalaba un supuesto sobreprecio en buques construidos en España. El documento mencionaba a Evert García Plaza, alto mando militar venezolano, como figura señalada en la operación bajo sospecha. El origen del caso se remontaba a 2005 cuando Zapatero anunció el acuerdo para vender cuatro barcos a la Armada venezolana.
En ese periodo, José Bono era ministro de Defensa y asumía la responsabilidad directa | Redes sociales
En ese periodo, José Bono era ministro de Defensa y asumía la responsabilidad directa sobre la venta de material militar español.
El contrato incluía cuatro BVL valorados en 508 millones y cuatro POVZEE con un precio total cercano a los 698 millones de euros. La operación ascendía a 1.207 millones, pero Venezuela terminó pagando 1.246 millones por la aparición de una intermediación. Rabazven Holding irrumpió como empresa mediadora y obtuvo el 3,5% del valor total pese a tratarse de un contrato entre estados.
Las dudas crecieron porque Navantia era una empresa pública y la venta había sido presentada como un logro directo del Gobierno.
El asunto llegó a los tribunales españoles y avanzó con discreción, sin sentencia firme pese a la investigación de Anticorrupción. Bono viajó a Caracas junto al presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, para formalizar el acuerdo entre ambos estados.
El origen del caso se remontaba a 2005 cuando Zapatero anunció el acuerdo | Redes sociales
En 2010 estalló el escándalo y medios nacionales contactaron con Gómez Jaén, entonces al frente de Sainsel Sistemas Navales. Gómez Jaén evitó comentar el contrato y remitió cualquier aclaración a Navantia, que participó de forma directa en la operación. Navantia aseguró que Rabazven había intervenido históricamente en ventas a Venezuela, sin precisar su papel en esta ocasión.
La respuesta de los astilleros apuntó al Ministerio de Defensa, indicando que había sido el responsable de firmar el contrato.
Defensa nunca ofreció explicaciones sobre la participación de Bono ni sobre la introducción de la empresa intermediaria.
Hugo Chávez sí respondió y afirmó que quiso ayudar a España porque Zapatero le comunicó problemas en los astilleros públicos. Chávez reiteró que la compra se orientó “de Estado a Estado”, lo que reavivó las dudas sobre la presencia de Rabazven Holding.
La cuestión que persistió fue por qué una operación estatal necesitó una agencia privada que generó un desvío millonario.
La comisión de más de 40 millones no fue la única polémica, ya que Venezuela retrasó pagos incluidos en el compromiso inicial. En 2016 seguían pendientes casi 312 millones que Navantia había adelantado como garantía por la entrega de los trabajos. Ese dinero quedó suspendido mientras Anticorrupción investigaba el acuerdo y sus posibles irregularidades económicas.
La documentación entregada por Luisa Ortega reactivó el interés internacional y devolvió la atención sobre este contrato.
Estados Unidos examinó el expediente para determinar responsabilidades en un negocio marcado por sobrecostes y opacidad.
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