Los socios de Francis Puig se quedarán con 170.000 euros gracias a Compromis

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido un fallo favorable hacia las empresas asociadas con Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Durante la administración del gobierno del Botànic, compuesto por PSOE, Compromís y Podemos, se había solicitado el reintegro de 170.000 euros a estas empresas. Sin embargo, la demanda de reintegro fue realizada una vez expirado el plazo legal para tal acción.

El TSJCV ha estimado los recursos presentados por las empresas de los socios de Francis Puig, determinando que no están obligadas a devolver el dinero debido a que la solicitud de reintegro se efectuó fuera del marco temporal legalmente establecido.

Miguel Barrachina, el portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, ha intensificado su crítica hacia la gestión de la Conselleria de Educación bajo el liderazgo anterior de Compromís, específicamente en relación con la falta de acción para reclamar la devolución de subvenciones otorgadas a empresas vinculadas con el hermano imputado del Presidente Ximo Puig.

Barrachina argumenta que este fallo en la recuperación de fondos evidencia una negligencia significativa en el manejo de los recursos de los contribuyentes valencianos, insinuando que había un interés del gobierno de Puig en favorecer a familiares y allegados en detrimento del bienestar financiero de la comunidad autónoma.

Además, el portavoz popular ha contrastado las políticas fiscales del gobierno actual, liderado por Carlos Mazón, con las de la administración anterior. Según Barrachina, Mazón ha implementado una serie de reducciones de impuestos que benefician a todos los ciudadanos valencianos, en oposición a las políticas de Puig, que, según él, favorecían principalmente a los miembros del denominado "clan de los Puig".

Estas observaciones no solo buscan resaltar los esfuerzos del PP en mejorar la transparencia y la eficiencia fiscal, sino que también pretenden marcar una clara distinción entre la ética y las prioridades del gobierno actual respecto al anterior.

La contundencia de las declaraciones de Barrachina refleja la tensión política, marcada por la herencia del gobierno del Botanic.