La gestión policial de la acampada de la Puerta del Sol ha colocado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el centro de las críticas. Sindicatos policiales y el Ayuntamiento reclaman aclarar qué información tenía la Delegación sobre la instalación del campamento y qué instrucciones se impartieron a la Policía Nacional.
Por ahora, no existe ninguna investigación penal abierta contra Martín por estos hechos. Sin embargo, fuentes citadas por Vozpópuli apuntan a que una eventual vía penal dependería de lo que pudiera acreditarse sobre su conocimiento previo de la acampada y de las decisiones adoptadas posteriormente.
Las dudas se concentran especialmente en las primeras horas de la protesta. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) sostiene que existía información sobre la posibilidad de que la movilización terminara convirtiéndose en una acampada y reclama explicaciones sobre la coordinación entre la Policía Nacional y la Municipal.
Las dudas se concentran especialmente en las primeras horas de la protesta
También la Unión Federal de Policía (UFP) ha cuestionado la actuación desarrollada aquella noche. El sindicato sostiene que los agentes nacionales conocían la concentración y señala que se retiraron cuando comenzaron a instalarse las tiendas. La organización pide esclarecer si existieron instrucciones para no intervenir y quién pudo impartirlas.
El Ayuntamiento de Madrid aporta su propia cronología. Según el requerimiento elaborado por Cibeles, antes de las 21.00 horas la Policía Municipal ya había localizado a alrededor de 200 personas desplegando entre 30 y 40 tiendas de campaña en la Puerta del Sol.
El Consistorio afirma que trató de conseguir entonces la colaboración de la Policía Nacional y que durante la madrugada continuaron los contactos para coordinar una actuación, pero esta finalmente no se produjo.
La situación coloca el foco sobre el momento exacto en el que la Delegación tuvo conocimiento de los planes de los manifestantes. La relevancia está en distinguir entre conocer previamente la celebración de una protesta, detectar una acampada cuando ya estaba comenzando o disponer con antelación de información concreta sobre la intención de ocupar la plaza de forma continuada.
Esa cronología podría resultar determinante para valorar la actuación de Francisco Martín. Las acusaciones formuladas hasta ahora por sindicatos y administraciones madrileñas no equivalen a la existencia de responsabilidad penal, que tendría que ser determinada, en su caso, dentro de un procedimiento judicial.
