Fuentes judiciales y expertos en derecho penal han manifestado su extrañeza ante la rapidez con la que la Fiscalía ha cerrado filas en torno a Bernabé
La exculpación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, en la gestión de la DANA que costó la vida a 227 personas, ha generado una gran controversia. La Fiscalía Provincial de Valencia ha rechazado cualquier imputación penal contra la representante del Ejecutivo central, argumentando que su papel era meramente de "coordinación" y que no se le puede atribuir responsabilidad en la toma de decisiones que hubieran podido mitigar el desastre.
Este pronunciamiento de la Fiscalía ha generado críticas, ya que se produce en un contexto en el que el Gobierno de Sánchez ha sido acusado de instrumentalizar las instituciones en su beneficio. La rapidez con la que se cerró la posibilidad de imputación a Bernabé ha levantado sospechas sobre una posible connivencia entre la Fiscalía y el Ejecutivo.
De hecho, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, dirigido por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, inadmitió la querella presentada por la asociación HazteOir contra Bernabé apenas tres días después de que la Fiscalía ordenara a la Guardia Civil un atestado sobre el caso. La cronología de los hechos es reveladora: el fiscal emitió su informe el 21 de febrero de 2025, y el 24 de febrero la jueza ya había rechazado la querella.
Fuentes judiciales y expertos en derecho penal han manifestado su extrañeza ante la rapidez con la que la Fiscalía ha cerrado filas en torno a Bernabé. Para algunos, esta decisión es una prueba más de que el Gobierno de Sánchez sigue utilizando las instituciones del Estado para blindar a sus afines.
El fiscal Cristóbal Melgarejo, en su informe remitido a la jueza de Instrucción 3 de Catarroja, sostiene que la delegada del Gobierno no podía ser considerada responsable penalmente, ya que "no le correspondía la toma de decisiones clave para la gestión de la emergencia". Sin embargo, este argumento contrasta con la gravedad de la situación y el número de víctimas mortales que se cobró la DANA.
Desde la oposición y diversos sectores críticos con el Gobierno se insiste en que la Fiscalía ha actuado con un sesgo favorable a Bernabé, evitando que su gestión fuera sometida a un escrutinio judicial más riguroso. Se pone así en entredicho la imparcialidad de la institución y se refuerza la percepción de que la separación de poderes en España está en peligro.
Este episodio se suma a otras decisiones judiciales que han generado polémica en relación con el Gobierno de Sánchez, y que han alimentado el debate sobre la necesidad de garantizar la independencia de la Fiscalía para evitar que se convierta en un instrumento al servicio del poder político. La pregunta que muchos se hacen ahora es si esta exculpación de Bernabé responde a criterios estrictamente jurídicos o si, por el contrario, es el resultado de una Fiscalía alineada con los intereses del Ejecutivo.
