El denominado caso Mediador afronta una nueva fase judicial con la petición de penas de prisión por parte de la Fiscalía para varios de los principales implicados en la presunta trama de corrupción investigada en Canarias.
Entre ellos se encuentra el exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, conocido públicamente como "Tito Berni", para quien el Ministerio Público solicita una condena de ocho años de cárcel al considerarlo responsable de delitos relacionados con cohecho continuado y pertenencia a una organización criminal.
La acusación también dirige una de las peticiones más severas contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, apodado "el Mediador", señalado como una figura clave dentro de la supuesta red. Para él se reclaman trece años de prisión por varios delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y participación en organización criminal.
Por su parte, Taishet Fuentes, sobrino del exparlamentario socialista, se enfrenta a una petición de once años de cárcel
Por su parte, Taishet Fuentes, sobrino del exparlamentario socialista, se enfrenta a una petición de once años de cárcel por presuntos delitos de cohecho, estafa y pertenencia a la misma estructura delictiva.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, los acusados habrían puesto en marcha un sistema destinado a obtener ganancias económicas de forma irregular. Para ello, supuestamente ofrecían a empresarios de sectores como el agrícola, ganadero y energético la posibilidad de acceder a contratos, ayudas públicas y otros beneficios administrativos. A cambio, los empresarios debían entregar comisiones, regalos u otras compensaciones económicas.
La investigación sostiene que la red operaba principalmente en Canarias
La investigación sostiene que la red operaba principalmente en Canarias y que sus miembros desempeñaban funciones específicas dentro de una organización diseñada para facilitar este intercambio de favores.
Una trama bajo sospecha
Las pesquisas judiciales tratan de determinar si determinados empresarios, especialmente vinculados a la ganadería, realizaron pagos para obtener subvenciones financiadas con fondos europeos y para evitar posibles controles o inspecciones administrativas.
Además, los investigadores analizan si compañías de fuera del archipiélago abonaron cantidades económicas con el fin de agilizar su implantación en las islas y beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece la Zona Especial Canaria.
La causa sitúa a Navarro Tacoronte como uno de los principales intermediarios de la presunta trama, en la que también aparecen implicados el exdiputado Bernardo Fuentes y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.
