La Fiscalía pide al Supremo que mantenga en prisión provisional a Ábalos por riesgo de fuga

Ábalos sigue dando de qué hablar. El Tribunal Supremo estudia si mantiene la medida de prisión provisional sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Recordemos que se encuentra encarcelado desde finales de noviembre.

Esto, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que continúe privado de libertad por el avance del procedimiento judicial relacionado con un supuesto cobro de comisiones en contratos de mascarillas.

En el marco de esta revisión, la Sala que supervisa las actuaciones del magistrado Leopoldo Puente ha iniciado este jueves una serie de vistas celebradas a puerta cerrada. Centradas en los recursos presentados por Ábalos y por quien fuera su asesor, ambos contrarios a la decisión de su ingreso en prisión.

De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por EFE, durante la sesión las partes se limitaron a confirmar los argumentos ya expuestos por escrito. Tanto el fiscal jefe Anticorrupción como la acusación popular defendieron ante el alto tribunal que se mantenga la prisión preventiva del exministro.

La representación legal de José Luis Ábalos ha defendido ante el Tribunal Supremo que no concurren motivos para apreciar un posible riesgo de huida. Como argumento, ha subrayado que el exministro acudió voluntariamente a la comparecencia convocada por el juez para revisar las medidas cautelares, sin oponer resistencia alguna, una actitud que la defensa describió gráficamente como la de alguien que acude “como un cordero al matadero”.

Según han indicado las mismas fuentes, el tribunal encargado de decidir, integrado por los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena, no hará pública su resolución de forma inmediata y prevé pronunciarse sobre el asunto a lo largo de la próxima semana.

Señalamiento desde la cárcel

La defensa del exministro ha solicitado al juez que convoque a declarar en el juicio a varios altos cargos del Gobierno, tras contar con el consentimiento de Ábalos desde la cárcel.

Entre los citados figura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El socialista ya había sido señalado por el exnúmero dos de Sánchez por haber comprado mascarillas por 3,5 millones de euros.

Unas compras a la misma empresa que había suministrado material al Ministerio de Transportes, propiedad de Víctor de Aldama.

Además, la defensa pide que comparezcan otros que, supuestamente, adquirieron material sanitario a Soluciones de Gestión, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes presidían los gobiernos de Canarias y Baleares, respectivamente, en el momento de las compras.