La Fiscalía ha dado un giro en el caso abierto en 2019 sobre posible fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla), y reabre diligencias.
Durante cinco años, el caso estuvo estancado y las instituciones clave pedían su archivo, frenando cualquier avance judicial relevante.
Tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Público llegaron a pedir hasta en tres ocasiones el cierre definitivo de la investigación.
Según The Objetive, hasta 47 solicitudes de voto por correo fueron presuntamente rellenadas por una misma persona en la localidad.
Las sospechas recaen sobre Soledad Cabezón, concejal del PSOE, a quien se le imputa la autoría de esas solicitudes presuntamente falsas.
La Fiscalía ha dado un giro e investigará un posible fraude electoral
La Fiscalía ya no se opone a realizar una prueba caligráfica que determinaría si esas solicitudes fueron hechas por una sola mano.
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.
El 14,92% del censo pidió el voto por correo en 2019, cifra muy superior al 3,6% nacional, lo que encendió todas las alarmas judiciales.
La Guardia Civil detectó coincidencias entre votantes por correo y personas contratadas por el Ayuntamiento en fechas cercanas a elecciones.
Hasta 20 personas que votaron por correo fueron luego contratadas por el consistorio, muchas de ellas con contratos de larga duración.
Algunas de estas contrataciones fueron temporales, pero otras consolidaron vínculos laborales permanentes con la administración local.
Los investigadores detectaron un patrón: un tercio de los contratados también había optado por el sufragio postal en esa localidad sevillana.
Una testigo aseguró que firmó la solicitud sin recordar los detalles, alegando la pandemia, olvidando que fue un año después de la votación.
Otro testigo confesó que jamás votó por correo, y al ver la firma supuestamente suya en el expediente, confirmó que no era la suya real.
Las acusaciones populares han denunciado posibles delitos como fraude electoral, falsedad documental, prevaricación y cohecho electoral.
Los informes policiales revelan un cruce de datos entre el Censo Electoral y la Seguridad Social que refuerza las sospechas de compra.
El Ministerio del Interior reconoció la anomalía en el número de votos postales, pero no inició acciones hasta que intervino la prensa.
Los votantes por correo figuran en listas laborales del Ayuntamiento, y algunos declararon haber recibido ayuda para tramitar los votos.
Uno de ellos admitió que entregó su DNI, firmó en blanco y recibió después el sobre ya cumplimentado para enviarlo a la oficina postal.
Otros testigos recordaron que les marcaron con una “X” el lugar donde debían firmar en la solicitud del voto, sin saber su contenido real.
Incluso hubo casos en que trabajadores municipales actuaron como intermediarios en la captación y gestión de solicitudes de sufragio.
La Fiscalía ya ha dejado de frenar las pruebas y permite a las acusaciones continuar con diligencias para esclarecer el posible delito.
