La posible utilización de fondos europeos en las adjudicaciones bajo sospecha del caso Koldo ha llevado a la Fiscalía Europea a intervenir en la investigación que dirige la Audiencia Nacional. El organismo quiere determinar si algunos de los proyectos públicos vinculados a la presunta trama de comisiones ilegales fueron financiados con recursos procedentes de la Unión Europea, según explica Libertad Digital.
Con ese objetivo, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid ha solicitado información al magistrado Ismael Moreno, responsable de una de las piezas separadas del procedimiento. Según una providencia incorporada a la causa, la autoridad europea pretende conocer qué contratos y obras forman parte de la investigación para comprobar si alguno recibió financiación comunitaria.
Antes de remitir la documentación, el juez ha pedido a la Fiscalía Europea que concrete su solicitud. En la resolución, reclama que identifique de forma expresa qué adjudicaciones o proyectos son de su interés para poder facilitar únicamente la información relacionada con esas actuaciones.
La investigación que instruye Moreno se centra en la presunta adjudicación irregular de contratos de obra pública y en el supuesto cobro de comisiones ilegales. Dentro de esa pieza, el magistrado analiza las relaciones entre varias constructoras, entre ellas Acciona, y la empresa Servinabar, sociedad que los investigadores sitúan en el centro del presunto mecanismo utilizado para canalizar pagos ilícitos.
La investigación que instruye Moreno se centra en la presunta adjudicación irregular de contratos de obra pública
Esta línea de investigación llegó a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, después de que el Tribunal Supremo remitiera parte de las actuaciones tras la pérdida del aforamiento del exministro José Luis Ábalos. En esa pieza también figura investigado su exasesor Koldo García, mientras las pesquisas alcanzan igualmente al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores vinculan con el supuesto entramado.
La eventual participación de la Fiscalía Europea no implica que haya asumido la investigación, sino que busca comprobar si las adjudicaciones bajo examen pudieron afectar a intereses financieros de la Unión Europea. En función de la información que reciba y del origen de la financiación de las obras, el organismo decidirá si procede adoptar nuevas actuaciones dentro de sus competencias.
