El fiscal general acorralado: la pareja de Ayuso pide cuatro años de prisión para él

El fiscal general del Estado sigue dando de qué hablar. Álvaro García Ortiz ha sido señalado por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Más concretamente, ha pedido al Tribunal Supremo que lo envíe a juicio, que lo inhabilite por un delito de revelación de secretos y que lo condene a cuatro años de prisión.

Según The Objective, en un documento se solicita además la suspensión de empleo y sueldo de García Ortiz por un periodo de tres años. Esto, junto con la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado. También se pide que se le imponga una multa de 108.000 euros.

Por otro lado, también pide consecuencias para Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid y procesada junto a García Ortiz. Entrando más en detalle, pide para ella tres años de prisión.

Además, reclama que se le imponga una suspensión laboral de dos años, una multa de 36.000 euros y la inhabilitación especial para ejercer el cargo que actualmente ocupa.

Desde su punto de vista, ambos realizaron "hechos delictivos" que generaron consecuencias en González Amador. Más concretamente, daño "en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución".

Por esta razón, se exige que ambos acusados compensen los daños morales ocasionados, fijando la indemnización en 300.000 euros.

Además, se argumenta que tanto García Ortiz como Rodríguez son responsables civiles, tanto directos como subsidiarios. Él en calidad de autor del delito de revelación de secretos, y ella como cooperadora necesaria. La distribución de la responsabilidad se establece en una proporción de 3/5 para él y 2/5 para ella.

Almeida señala al Fiscal General

Álvaro García Ortiz ha sido señalado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida tras la polémica de su procesamiento. Esto, por un supuesto delito de revelación de secretos que habría afectado a Alberto González Amador.

"Hay una cuestión que se obvia, pero que es tremendamente relevante: el fiscal general del Estado no solo es un presunto delincuente, sino que ha actuado como lo hace un delincuente". Esto, respecto a que "borró" su teléfono móvil y su correo electrónico. "Un delincuente, cuando comete un delito, lo primero que trata de hacer es borrar toda prueba de la comisión de ese delito", ha explicado.