Esta es la expresidenta de Ineco que contrató a Jessica por orden de Ábalos

La reciente declaración de Jessica R., expareja de José Luis Ábalos, ante el Tribunal Supremo ha arrojado luz sobre su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Según su testimonio, obtuvo estos puestos sin desempeñar funciones laborales efectivas, lo que ha suscitado interrogantes sobre las prácticas de contratación en dichas entidades.

Durante el período en cuestión, Carmen Librero presidía Ineco. Su gestión abarcó desde septiembre de 2018 hasta enero de 2022. En este tiempo, Jessica R. fue contratada como auxiliar administrativa, aunque, según su propio testimonio, nunca llegó a desempeñar tareas laborales.

Carmen Librero Pintado ocupó el cargo de presidenta de Ineco, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, desde septiembre de 2018 hasta enero de 2022. Su carrera en el sector público comenzó durante el gobierno del Partido Popular, donde fue secretaria general de Transportes entre 2012 y 2018.

Tras su etapa en Ineco, Librero fue nombrada comisionada especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana. Un puesto de nueva creación bajo la ministra Raquel Sánchez.

Su figura ha estado vinculada estrechamente con el exministro José Luis Ábalos, con quien compartió no solo responsabilidades profesionales, sino también viajes oficiales, como el realizado a México en 2021.

La contratación de Jessica R. en Tragsatec también ha generado controversia. Esta empresa, filial de Tragsa y dependiente del Ministerio de Hacienda, estuvo bajo la dirección de Jesús Casas Grande durante el período en cuestión. Al igual que en Ineco, Jessica R. admitió haber recibido remuneración sin realizar labores efectivas.

La implicación de altos cargos en estas contrataciones ha suscitado debates sobre la ética y transparencia en la administración pública. Aunque Jessica R. afirmó no haber solicitado directamente a Ábalos su contratación, su relación con el exministro y la intervención de su asesor, Koldo García. En la gestión de su vivienda y empleo, plantean dudas sobre posibles influencias indebidas.

La investigación en curso busca esclarecer las circunstancias que rodearon estas contrataciones y determinar si se produjeron irregularidades o favoritismos. La continuidad de algunos de los responsables en cargos públicos añade complejidad al caso y subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de selección en las empresas estatales.

Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar procesos de contratación transparentes y basados en el mérito en el sector público. La confianza ciudadana en las instituciones depende, en gran medida, de la integridad y rectitud con que se gestionen los recursos y oportunidades públicas.

A medida que avanzan las investigaciones, se espera que se esclarezcan las responsabilidades individuales y se implementen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro.

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