El sindicato policial Jupol advierte de que el acuerdo puede tener consecuencias no deseadas
El acuerdo entre el PSOE y Podemos sobre la regularización de inmigrantes es un tema que preocupa. Sobre todo, a un sector en específico: la Policía Nacional, según explica Vozpópuli. Según denuncian en el cuerpo, esta situación podría suponer un "balón de oxígeno" para las mafias del tráfico de personas y drogas.
Así lo confirma el medio. El sindicato policial Jupol advierte de que el acuerdo puede tener consecuencias no deseadas, entre ellas el incentivo a nuevos flujos migratorios.
A su juicio, las redes criminales aprovecharán la medida como una herramienta de captación. Posteriormente difundiendo la idea de futuras regularizaciones para empujar a muchas personas a iniciar desplazamientos de alto riesgo, de los que obtienen beneficios económicos.
Además de este posible efecto, la organización alerta del impacto directo que la regularización tendría en el funcionamiento interno de la Policía.
En especial, las unidades de Extranjería y Fronteras se verían obligadas a asumir un volumen elevado de gestiones administrativas. Por ejemplo, la comprobación de identidades, el análisis de expedientes o la concesión de permisos de residencia. Una carga adicional que recaería sobre unos servicios que, según señalan, ya operan al límite en la mayoría del país.
La inmigración en España no solo puede afectar al aspecto social, también al judicial y al político. Con la nueva propuesta del PSOE y Podemos, los inmigrantes que puedan acreditar cinco meses de residencia en España podrán ser regularizados sin vínculo laboral. Se trata de una medida que podría traer repercusiones en España.
Se plantea esto mediante un Real Decreto, es decir, saltándose el Congreso. Y es que el Gobierno no tiene derecho legal para tomar solo esta decisión sobre inmigración masiva, según recuerdan en redes. Y es que es un tema que le corresponde al Congreso según la Constitución y la ley española.
Se trata de una diferencia importante si se compara con las medidas optadas por Zapatero en 2005. En ese momento, el antes mandatario concedió la regularización de más de 500.000 inmigrantes si conseguían un trabajo.
En este contexto, la gestión de Zapatero se presenta como un referente crítico. Su regularización masiva, aunque criticada por algunos sectores, respetaba el marco legal. Además, establecía un criterio claro ligado al empleo, lo que facilitaba su justificación jurídica.
Las nuevas iniciativas, en cambio, muestran una tendencia a priorizar la rapidez administrativa sobre la seguridad jurídica y el control parlamentario. Así, se abre el debate sobre los límites de la acción ejecutiva en materia de inmigración.
