EDATV Estos son los países donde la UCO sitúa el fraude de los hidrocarburos
Las transferencias realizadas a Portugal, China y Colombia fueron justificadas mediante contratos falsos para asesorías no realizadas
La UCO desvela una red de fraude fiscal liderada por Víctor de Aldama, que canalizó fondos ilícitos hacia Portugal, China y Colombia. Entre mayo de 2022 y febrero de 2024, se desviaron 73,9 millones de euros mediante contratos ficticios de servicios de asesoramiento.
Los investigadores confirman que estos contratos eran un método para blanquear dinero y ocultar la procedencia delictiva de los fondos. Portugal fue un punto clave, donde empresas fachadas recibieron transferencias respaldadas por documentación fraudulenta.
En este esquema, China jugó un papel estratégico como destino de grandes sumas disfrazadas de acuerdos comerciales inexistentes. Colombia fue otro pilar en la trama, canalizando dinero hacia cuentas controladas por testaferros y vinculadas a empresas fantasma.
La Guardia Civil señala que la red presuntamente buscó aprovechar la flexibilidad fiscal de estos países para eludir la supervisión internacional. Aldama y su socio, Claudio Rivas, idearon esta estructura para defraudar al sector de hidrocarburos y evadir impuestos en España.
Los agentes destacan la creación de sociedades instrumentales y el uso de testaferros para desvincularse del fraude de manera directa. La UCO identifica a los responsables como las piezas clave en la operativa delictiva, sin las cuales el esquema no habría sido posible.
Las transferencias realizadas a Portugal, China y Colombia fueron justificadas mediante contratos falsos para asesorías no realizadas. El informe de la UCO resalta que el fraude asciende a 182,5 millones de euros, pero podría ser aún mayor al completarse la investigación.
En Portugal, las transferencias se dirigieron a cuentas que simulaban operaciones legítimas para eludir la detección de las autoridades. China fue crucial en el blanqueo, aprovechando sistemas financieros complejos que dificultan el rastreo de grandes cantidades de dinero.
Las transferencias realizadas a Portugal, China y Colombia fueron justificadas mediante contratos falsos para asesorías no realizadas | Europa Press
Colombia facilitó el movimiento de fondos con empresas locales controladas por la red, sirviendo como un puente para el blanqueo. Además, los implicados diseñaron estructuras empresariales que aparentaban legalidad para facilitar la operativa fraudulenta.
La Guardia Civil ha solicitado la colaboración internacional para rastrear los fondos y establecer responsabilidades en los países implicados. Portugal, China y Colombia deberán implementar controles más estrictos para evitar ser utilizados en futuras operaciones fraudulentas.
La investigación destaca los tipos de fraudes fiscales
La trama también ha evidenciado las debilidades en la cooperación fiscal entre España y los países donde se desviaron los fondos. El Instituto Armado recalca que Aldama y Rivas no solo diseñaron el esquema, sino que dirigieron cada área operativa de la organización.
Desde la logística hasta las operaciones bancarias, los líderes de la red supervisaron todos los movimientos para garantizar su éxito. La UCO subraya que sin la colaboración de estos países será complicado recuperar los fondos y prevenir nuevas actividades ilícitas.
Los agentes destacan la creación de sociedades instrumentales y el uso de testaferros para desvincularse del fraude de manera directa | Redes sociales
China, con su creciente rol en el comercio global, debe reforzar los mecanismos de vigilancia para evitar ser un refugio para el blanqueo. Colombia, por su parte, ha sido señalada como un país donde las redes criminales encuentran facilidades para operar sin restricciones.
Portugal, con su proximidad a España, se ha convertido en un destino habitual para desviar dinero aprovechando su sistema fiscal. A medida que avanza la investigación, se prevé un aumento en las cifras de fraude detectadas, según estima la Agencia Tributaria.
La colaboración entre los sistemas judiciales y fiscales de los países implicados será determinante para desarticular la red por completo. La UCO pone de manifiesto que las operaciones fraudulentas de esta magnitud requieren una infraestructura internacional bien coordinada.
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