Estos son los cargos del Gobierno que podrían comprarse un Lamborghini cada año

El discurso que Pedro Sánchez ofreció en el Instituto Cervantes marcó el inicio del curso político con una afirmación que rápidamente se viralizó. “Más transporte público y menos Lamborghinis”. Sin embargo, esta frase, lejos de generar consenso, ha sido objeto de múltiples críticas. La frivolidad de la comparación, sino porque refleja una desconexión  preocupante con la realidad económica y social de los españoles.

Sánchez  utilizó a Lamborghini  como un símbolo de lujo  y opulencia  para contrastarlo con la idea de un país más verde y equitativo. Un país donde se dé prioridad  al transporte público y a la movilidad sostenible. La marca italiana, conocida por sus superdeportivos  de alto rendimiento, ha vendido un total de 46 unidades en España  el año pasado, siendo el SUV Urus, su modelo más popular. Un coche que tiene un con un precio que ronda los 250.000 euros en su gama básica.

Es evidente que estos vehículos no son representativos  del parque automovilístico de España, donde los coches más vendidos son el Dacia Sandero, un vehículo que no supera los 15.000 euros. Además de otros modelos igualmente accesibles como el Toyota Corolla o el Seat Ibiza.

La afirmación de Sánchez no solo parece fuera de lugar en un país donde la mayoría de los ciudadanos optan por vehículos asequibles. También ignora la difícil situación que atraviesa la industria automovilística nacional. En medio de la transición hacia la electrificación, el sector se enfrenta a una “travesía por el desierto”.

Los problemas estructurales y la falta de una política coherente han provocado una caída en la producción y venta de vehículos. A lo que hay que sumar la incertidumbre generada por la transición hacia una movilidad más sostenible.

Resulta paradójico  que mientras Sánchez pronuncia discursos sobre “Lamborghinis”, varios altos cargos de su gobierno podrían permitirse uno de estos coches cada año. Esta desconexión entre el mensaje y la realidad de sus propias filas es lo que genera más críticas hacia el gobierno.

Entre los miembros del Ejecutivo que reciben sueldos elevados se encuentran figuras clave como María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, que percibe más de 112.000 euros anuales. Su sueldo, que triplica el salario medio en España, la convierte en una de las principales beneficiadas del sistema retributivo del gobierno. Por otro lado, Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, encabeza la lista con un sueldo superior a los 215.000 euros anuales. Una cifra que le permitiría comprar un Lamborghini cada año y seguir viviendo cómodamente.

Otros miembros del gobierno y del Partido Socialista tampoco se quedan atrás. Patxi López, portavoz en el Congreso del grupo socialista, recibe más de 113.000 euros al año. Su labor como portavoz incluye, en teoría, mantener una comunicación fluida con la prensa. Algo que no cumple adecuadamente, ignorando muchas veces las preguntas de los medios, entre los que se encuentra EDATV.

Por su parte, Rafael Simancas, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, supera los 136.000 euros al año. De otro lado, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se embolsa 107.000 euros anuales a pesar de las críticas que recibe su gestión por los constantes retrasos de Renfe.

El descontento no solo afecta a los ministros. También los senadores y secretarios de Estado del PSOE disfrutan de sueldos que les permiten un estilo de vida privilegiado. María de los Ángeles Luna, senadora, percibe más de 128.000 euros al año. Al igual que Francisco Manuel Fajardo, Senador y Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática, quienes también superan los 128.000 euros anuales. María Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Defensa, recibe más de 136.000 euros anuales. Un promedio de sueldos de estos altos cargos que se sitúa por encima de los 100.000 euros.

La crítica aquí no reside únicamente en el hecho de que estos cargos públicos perciban sueldos elevados, sino en la incoherencia entre el discurso del gobierno y la realidad económica. Mientras promueven políticas de austeridad y se apela a hacer sacrificios, muchos de los responsables de estas políticas se sitúan en una posición ajena a la mayoría de la población.

En resumen, el eslogan de “menos Lamborghinis” resulta no solo frívolo, sino también contradictorio. Es una desconexión que pone en duda la sinceridad del gobierno y alimenta la sensación de que las élites políticas viven en una realidad completamente distinta a la del ciudadano común. Mientras tanto, los españoles siguen eligiendo vehículos como el Dacia Sandero, adaptados a su capacidad económica, y viendo cómo su sector automovilístico lucha por sobrevivir.