El salario de la asesora de Begoña supone el doble que los asesores anteriores
Begoña Gómez es la protagonista del día. Tal y como explicó EDATV, Begoña Gómez empleó a una asesora, quien según informes, se encargó de gestionar sus dos másteres en la Universidad Complutense desde la Moncloa.
Se trata de María Cristina Álvarez Rodríguez, quien está adscrita a Presidencia del Gobierno y forma parte del equipo de los más de 800 asesores de Sánchez, según El Debate.
Fue contratada el 16 de julio de 2018, pocas semanas después de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy. Asumió el cargo de responsable de programas con rango de directora general.
La señora Álvarez ha dado mucho de qué hablar. Esto es debido a la subida salarial que ha experimentado en relación con las personas que fueron detrás de ella.
El mencionado medio pone de ejemplo a Elvira Fernández, la mujer de Rajoy. Ella contaba con un consejero técnico del gabinete de Presidencia del Gobierno. Aquella persona tenía un salario de 50.000 euros al año.
No obstante, los directores generales, como la persona que acompaña a la esposa de Sánchez, tienen un salario que varía entre 90.000 y 110.000 euros. Esto representa el doble de lo que ganaban otros asesores de esposas de presidentes del Gobierno.
En los últimos meses, la labor de la asistente de la esposa de Sánchez ha consistido en reclamar pagos adeudados a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los dirige la propia Begoña Gómez. Esta asesora de Moncloa utilizó un correo electrónico de la esposa de Sánchez y un teléfono móvil personal para llevar a cabo estas gestiones, según el medio citado.
La esposa de Sánchez también solicitó a su asesora que llamara a diversas empresas para solicitar el abono de matrículas pendientes. Además, la asesora ayudó a Gómez en la tramitación de adjudicaciones de contratos públicos para promocionar los títulos de posgrado en las redes sociales.
El trabajo de Álvarez Rodríguez, según explican varios juristas, podría constituir un posible delito de malversación de fondos públicos. Este delito está castigado con hasta seis años de cárcel.
"Las gestiones que llevó a cabo esta asesora en ningún caso beneficiaron a la Presidencia del Gobierno, para la que trabaja", cominzan explicando. Asegura "que fueron en beneficio de los negocios de la esposa del presidente, lo cual es distinto", explican. "Y no debemos olvidar que todo esto se hizo percibiendo un salario público", concluyen.
