La adecuación del recinto supondrá un gasto de unos 140.000 euros por cada uno de ellos
La inmigración ilegal sigue pasando factura. El Gobierno de La Rioja, presidido por Gonzalo Capellán, ha dado luz verde a la compra de un convento de monjas por 2 millones. La finalidad sería alojar a 17 menas de Canarias.
Según ha afirmado Ángel Alda, dirigente de Vox en la región, la adecuación del recinto de 12.500 metros cuadrados supondrá un gasto de unos 140.000 euros por cada uno de ellos.
Se trata de una decisión que ha generado bastante malestar dentro del PP, alegando que se trata de una medida del Gobierno de La Rioja, no del PP.
Algunos integrantes de la Congregación expresan su pesar. Consideran que el pacto alcanzado entre la Orden de los Agustinos y el Ejecutivo local para la adquisición del edificio, podría suponer la pérdida de la esencia original de un espacio que fue concebido para el culto y la adoración religiosa.
La decisión del Ejecutivo autonómico ya ha provocado las primeras protestas vecinales. De hecho, uno de los pisos tutelados situados en el centro de la capital ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.
El malestar crece ante el giro del modelo de acogida: la comunidad pasa de un sistema basado en viviendas pequeñas y personalizadas —153 plazas actualmente completas— a grandes centros colectivos promovidos desde el Gobierno central.
Desde el Ejecutivo riojano justifican el cambio alegando la necesidad de flexibilidad ante la falta de previsiones claras sobre el número de menores y el momento de su llegada.
Según sus cálculos, se espera la acogida de 107 menores extranjeros no acompañados, para lo que el antiguo convento se plantea como una solución provisional, con la intención de destinar el edificio a otros fines más adelante. Aun así, incluso desde la sede regional del PSOE se cuestiona este modelo de grandes instalaciones y se defiende una atención más individual y cercana.
