Este ha sido el último varapalo del juez Peinado a Pedro Sánchez

Juan Carlos Peinado ha desestimado la solicitud de la Fiscalía  de restringir el acceso a las grabaciones de la declaración del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez declaró en el Palacio de la Moncloa en julio, en relación con la investigación en la que su esposa,  Begoña Gómez, está imputada.

Las partes involucradas, incluidas las acusaciones populares y las defensas, podrán acceder a copias de la grabación, que tiene una duración breve.

Según publica ABC, el fiscal había solicitado el 3 de agosto que no se entregaran copias de las grabaciones realizadas el  30 de julio. Este argumento no tendría utilidad ni material ni procesal, sin aportar una base legal para esta solicitud.

El juez, por su parte, señaló que aunque Sánchez  se acogió a su derecho de no declarar contra su cónyuge y no respondió a preguntas. Por su parte, el  Ministerio Fiscal no presentó fundamentos legales que respaldaran su labor de garantizar el cumplimiento de la ley al solicitar la restricción de acceso a las grabaciones.

El magistrado criticó que la Fiscalía se limitara a mencionar posibles filtraciones sin concretar razones que justificaran su preocupación. A pesar de reconocer que las filtraciones  han sido frecuentes en este caso, el juez subrayó  que las partes tienen derecho a obtener copias de todos los documentos.

En consecuencia, el juez ordenó que se proporcionen copias del acta y de los soportes digitales de la diligencia del 30 de julio. Además de un soporte tecnológico adecuado por parte de las partes interesadas.

La declaración de Pedro Sánchez se realizó en su despacho de Moncloa, siguiendo las instrucciones del juez debido a su cargo. El equipo técnico del juzgado se encargó de preparar la sala con cámaras, micrófonos y otros dispositivos necesarios para registrar la sesión. No obstante, no se llegó a realizar un interrogatorio, ya que Sánchez se acogió a su derecho de no declarar.

Las grabaciones fueron trasladadas desde Moncloa al Juzgado de Instrucción número 41 en un contenedor especial, donde quedaron guardadas en la caja fuerte. Varias acusaciones populares, incluyendo Iustitia Europa y HazteOír, solicitaron acceso a las copias. Únicamente la abogada de Vox, Marta Castro, pudo estar presente en la declaración en representación de todas las partes populares.

El juez ha decidido ahora, tras la petición de la Fiscalía de impedir el acceso a las grabaciones bajo el argumento de que podrían filtrarse a la prensa. Esta resolución del juez puede ser recurrida, pero mientras tanto, las partes pueden recoger las copias en el juzgado.

Nuevas Citaciones y Testimonios

Además de Mariscal, el juez ha llamado a testificar a Marc Simón, alto ejecutivo de Fundación laCaixa, quienes junto a Reale Seguros participaron en la constitución de la cátedra en cuestión. Ambos ejecutivos formaron parte de la "comisión mixta de seguimiento" encargada de supervisar el proyecto desde sus inicios.

Esta comisión fue fundamental para la puesta en marcha de la cátedra. Que arrancó tres meses después de una reunión entre Begoña Gómez y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, realizada en La Moncloa.

Durante su comparecencia previa, Goyache reveló que fue contactado por la secretaria de Gómez en julio de 2020. Cuando esta expresó su intención de crear una cátedra de Transformación Social Competitiva, junto con un máster asociado. A pesar de la ausencia de una licenciatura oficial en su currículo, Gómez fue designada como directora de la cátedra.

 Lo que requirió la adición de un codirector para cumplir con los reglamentos universitarios. Que exigen que el director sea un profesor con vinculación laboral permanente con la universidad.

El caso ha generado controversia no solo por la implicación de Begoña Gómez, sino también por las condiciones de su nombramiento en la Universidad Complutense. Gómez, quien posee una titulación en marketing de una escuela privada, es la única directora de cátedra en la Complutense sin un título oficial. Esta situación ha llevado a la institución a hacer una excepción en sus normativas para permitirle asumir el cargo, una decisión que ha sido criticada en varios sectores.