Este es el exalcalde socialista de Galapagar al que piden un año de cárcel por presunto acoso laboral

Este es el exalcalde socialista de Galapagar al que piden un año de cárcel por presunto acoso laboral
Alberto Gómez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Galapagar y exalcalde
por Gonzalo Pinilla
27 de enero de 2026 a las 14:18
politica

La presunta víctima, la exsecretaria municipal, aseguró haber sufrido un trato humillante

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Alberto Gómez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Galapagar y exalcalde de la localidad, se enfrenta a un año de prisión. Esto, tras ser acusado de acoso laboral. La presunta víctima, la exsecretaria municipal, aseguró haber sufrido un trato humillante después de negarse a jubilarse.

El juicio se llevará a cabo el 9 de marzo en los juzgados de lo penal de Madrid, donde también se juzgará a otros miembros del anterior equipo de gobierno municipal.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021. La funcionaria, de la subescala de Secretaría de clase primera, consiguió mediante un decreto de Alcaldía prolongar su permanencia en el servicio activo. Esto, más allá de los 65 años.

Tras el relevo del equipo de Gobierno en Galapagar, la Fiscalía acusa a cuatro exdirigentes municipales —entre ellos el exalcalde y la exsegunda teniente de alcalde— de presionar de manera continuada a la secretaria municipal para que renunciara a la prórroga de su permanencia en el servicio activo. Según el ministerio público, estas actuaciones combinaron injerencias profesionales con ataques personales.

La acusación indica que, en una reunión celebrada el 11 de marzo de 2021, algunos de los acusados instaron directamente a la funcionaria a abandonar su cargo por haber superado los 65 años. Al rechazar la petición y manifestar su intención de seguir trabajando hasta los 70, habría sido sometida a comentarios humillantes y degradantes, cuestionando su competencia, sus informes y exigiendo su asistencia presencial incluso durante la pandemia de Covid-19.

Según el escrito de acusación, las presiones sobre la funcionaria se mantuvieron durante varios meses y alcanzaron su punto culminante el 9 de abril de 2021, cuando se decidió revocar la prórroga que le permitía seguir en el servicio activo, lo que provocó su jubilación forzosa.

Esta situación tuvo consecuencias graves para la afectada: el 15 de abril de 2021 sufrió una crisis de ansiedad que requirió atención médica inmediata y fue posteriormente diagnosticada con un trastorno adaptativo con ansiedad, vinculado directamente, según el informe clínico, al acoso laboral que había padecido.


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