Estas son las informaciones que Francia envía a España sobre el espionaje a Sánchez
El juez Calama encargó al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un informe pericial para comparar los datos técnicos obtenidos en las investigaciones francesa y española.
El caso del espionaje al teléfono móvil del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a través del software israelí Pegasus ha recobrado relevancia. Recientemente Francia ha enviado nueva información a la Audiencia Nacional. En abril, el juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción nº 4, decidió reabrir la investigación.
Dicha indagación también examina el espionaje a los dispositivos de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, según ha reportado Libertad Digital.
Esta reapertura del caso siguió a la recepción de una Orden Europea de Investigación (OEI) de las autoridades judiciales francesas. Esta orden incluía una investigación realizada en Francia en 2021, con la colaboración de Israel y Estados Unidos. Esta investigación había revelado múltiples infecciones en teléfonos de periodistas, abogados, miembros del gobierno y diputados franceses.
El juez Calama encargó al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un informe pericial para comparar los datos técnicos obtenidos en las investigaciones francesa y española. A fin de identificar a los responsables de los ciberataques.
El juez Calama ya ha interrogado a la exdirectora del CNI, Paz Esteban. También al funcionario que firmó los informes preliminares que dieron origen a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.
Fuentes cercanas a la investigación citadas por Libertad Digital informan que "Francia envió un segundo lote de información a la Audiencia Nacional antes del verano. El Centro Criptológico Nacional ha completado su primer informe, pero el juez ha solicitado un nuevo informe con los datos adicionales proporcionados por Francia".
El objetivo de la investigación es determinar los responsables del espionaje al presidente y a los ministros, así como el contenido de la información sustraída. Tanto Francia como España continúan indagando en torno a Marruecos como posible autor del espionaje mediante Pegasus.
Se prevé que podrían surgir avances significativos en la investigación durante septiembre. Los jueces franceses que están investigando el espionaje podrían viajar a España. Además, el juez Calama podría ordenar nuevas diligencias tras recibir el segundo informe del Centro Criptológico Nacional.
El juez Calama ya ha interrogado a la exdirectora del CNI, Paz Esteban. También al funcionario que firmó los informes preliminares que dieron origen a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Además, los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles han presentado sus testimonios por escrito.
No se descarta que, en el transcurso de la investigación, se logre acceder al contenido espiado en el teléfono de Pedro Sánchez. La empresa israelí NSO Group, propietaria de Pegasus, podría tener servidores que contengan los datos obtenidos mediante el software.
No se descarta que, en el transcurso de la investigación, se logre acceder al contenido espiado en el teléfono de Pedro Sánchez.
El CNI ha confirmado que se utilizó la misma "estructura informática" para espiar tanto al presidente del Gobierno como a Francia con la aplicación Pegasus. El juez Calama, al reabrir el caso en abril, destacó que las investigaciones en Francia habían mostrado que cada servicio que utilizaba Pegasus creaba una infraestructura que podía abarcar múltiples números. Permitiendo así comparar pistas entre diferentes teléfonos afectados para identificar una única fuente.
Una vez completado el nuevo examen pericial, se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas. Esto permitirá conocer en detalle el contenido de la información que NSO Group proporcionó sobre el control interno del software Pegasus. De este modo se facilita una colaboración más estrecha entre las autoridades judiciales de ambos países para determinar la autoría de los ataques informáticos.
