La burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos para acceder a la eutanasia, un procedimiento que culmina con la eliminación del derecho más fundamental: la vida. El caso de Noelia Castillo, joven parapléjica que recibirá la eutanasia este jueves, vuelve a evidenciarlo. En lugar de volcar esfuerzos en apoyo psicológico o psiquiátrico, las instituciones optan por allanar el camino hacia la muerte.
Desde la entrada en vigor de la ley en marzo de 2021, las muertes por eutanasia han aumentado un 468%. Paralelamente, los tiempos de espera han crecido un 37,8%, reflejando un sistema cada vez más extendido y normalizado. Se impulsa así una práctica irreversible mientras otras alternativas quedan relegadas.
El Ministerio de Sanidad plantea ahora reducir aún más los plazos en su Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia 2026. El documento propone agilizar el acceso y reforzar el papel de la enfermería en el proceso. Todo apunta a facilitar con mayor rapidez el final de la vida, en vez de priorizar cuidados y acompañamiento.
El manual recomienda acortar trámites, incluso el plazo de 15 días entre solicitudes en ciertos casos. Esta decisión queda en manos del médico responsable, que deberá justificarla. La prioridad pasa a ser acelerar el procedimiento al máximo posible.
También se redefine el papel de la enfermera, integrándola más activamente en el proceso. Se establece una profesional de referencia que acompañe al paciente durante todo el recorrido. Se consolida así una estructura sanitaria orientada a ejecutar el proceso con mayor eficacia.
El texto subraya la cercanía de la enfermera con el paciente para evaluar su estado y necesidades. Las administraciones deberán garantizar su participación con calidad y seguridad. Si no puede continuar, otra profesional asumirá su lugar para no interrumpir el procedimiento.
