El PSOE sigue acumulando polémicas y, esta vez, es el turno de Armengol. La Unidad Central Operativa (UCO), investiga cómo la empresa valenciana Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), que supuestamente entregaba una mensualidad de 2.600 euros a Ábalos bajo la figura de una "pensión", logró adjudicarse el contrato más valioso en el ámbito sanitario de Baleares. Se trataría de la edificación de una residencia para personas mayores en Son Dureta, por un importe de 10,4 millones de euros.
Así lo confirma Okdiario. Según el medio, la concesión del contrato se produjo justo cuando José Ruz, propietario de la constructora, viajaba a Las Palmas de Gran Canaria para mantener un encuentro con Koldo García. Un año y medio después, la constructora se declaró en quiebra.
Francina Armengol
La construcción de la residencia en Son Dureta comenzó en marzo de 2022, sobre una parcela de 5.900 metros cuadrados ubicada entre la antigua sede del 112 y el viejo hospital. Este edificio de tres plantas, con capacidad para 120 plazas públicas destinadas a mayores dependientes, en la urbanización de Sa Teulera, se presentó como el proyecto estrella dentro de las políticas sociales impulsadas por Armengol.
Mientras José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio, Levantina logró adjudicarse contratos que sumaron 125 millones de euros, en su mayoría en consorcio con otras empresas constructoras.
Todo esto según el medio mencionado.
Francina Armengol ha tomado una decisión
Armengol y las mascarillas
Armengol y su Gobierno vuelve a estar en ojo del huracán por el caso de las mascarillas. El Gobierno balear de, en aquel entonces, Francina Armengol recibió aproximadamente 1,5 millones de mascarillas.
Se produjo antes de que se firmara el contrato de la compra, y lo más grave, sin factura válida de la operación. Tal y como asegura el diario La Razón, la licitación levantó las sospechas de la Guardia Civil, que terminó constatando que no había documentos previos a la recepción del material sanitario.
El único documento, según el citado medio, es una factura proforma sin validez legal.
Esa factura muestra los indicios de la UCO en el marco de la investigación abierta por los contratos covid a Soluciones de Gestión. Los agentes detectaron que Baleares recibió las mascarillas sin que hubiera soporte documental alguno que justificara la compra.
