Europa Press El duro golpe a Ana Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato
La moción partió de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que elevó el texto al pleno en su sesión del veintitrés
El Senado aprobó una moción del Partido Popular para pedir al Gobierno el cese de Ana Redondo tras el fallo de pulseras telemáticas.
La propuesta obtuvo 145 votos a favor entre PP y UPN, frente a 115 en contra del PSOE, sus socios parlamentarios. No se registraron abstenciones durante la votación del pleno, que convirtió el debate en uno de los más tensos del inicio de curso.
La moción partió de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que elevó el texto al pleno en su sesión del veintitrés. El escrito reclama responsabilidades políticas y disculpas públicas por los fallos del sistema de control de dispositivos Cometa. Según el texto, los errores afectaron a órdenes de alejamiento en procesos de violencia de género alertados por la Fiscalía estatal.
La senadora popular Lucía Yeves defendió una auditoría independiente para esclarecer lo ocurrido y conocer las víctimas afectadas. Yeves pidió garantizar dispositivos fiables que permitan a las mujeres sentirse protegidas ante situaciones de riesgo recurrente. La moción incluye acelerar una ley integral contra la trata y dotar recursos autonómicos para prevenir y detectar explotación.
l Senado aprobó una moción del Partido Popular para pedir al Gobierno el cese de Ana Redondo | Europa Press
También se reclama fortalecer el sistema VioGén y rendir cuentas por vínculos con gobiernos investigados por delitos sexuales.
Ana Redondo anunció una investigación interna después de reconocer los fallos que en un primer momento había negado públicamente. El Partido Popular exigió también datos oficiales sobre condenados beneficiados por reducciones de pena con la ley del sí es sí.
La socialista María del Carmen Silva acusó al PP de generar miedo y desconfianza usando a las víctimas con fines partidistas. Silva sostuvo que el objetivo real de la moción es desgastar políticamente al Ejecutivo y romper consensos alcanzados antes.
Desde Vox se responsabilizó al Gobierno por poner en peligro a las mujeres con una gestión calificada como deficiente y tardía.
María Mar Caballero, de UPN, afirmó que la gravedad y la falta de transparencia obligaban a asumir responsabilidades inmediatas. Para Caballero, pedir disculpas no basta y los fallos requieren gestos concretos que incluyen abandonar el Ministerio competente. El PNV, a través de María Dolores Etxano, acusó al PP de instrumentalizar el dolor de víctimas y romper antiguos consensos.
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Junts, con María Teresa Pallarés, rechazó convertir el asunto en una batalla partidista y reclamó soluciones centradas en víctimas.
Desde el Grupo Plural, Javier Armas solicitó un compromiso urgente y real en la protección frente a la violencia machista. Carla Antonelli, de Más Madrid, calificó el fallo de grave e inadmisible y reclamó depurar responsabilidades sin oportunismo.
Fabián Chinea, del Grupo Izquierda Confederal, recordó que la dignidad de las mujeres no debe usarse como arma en el Parlamento.
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