En una controvertida y divisiva medida, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer el primer proyecto de una ambiciosa reforma fiscal propuesta por el presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva.
Con 336 votos a favor y 142 en contra, la legislación introduce un nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 27,1%, posicionando a Brasil como el país con la tasa de IVA más alta del mundo. Esta decisión tiene como objetivo principal paliar el masivo déficit fiscal del país, que se ha disparado a 138,3 billones de reales (25,5 billones de dólares) en mayo, una de las cifras más altas de los últimos años; debido al exacerbado gasto del gobierno socialista.
El ponente del proyecto, Reginaldo Lopes, del Partido de los Trabajadores (PT), defendió la medida como necesaria para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la continuidad de los programas sociales. Sin embargo, las repercusiones en la economía y en el consumo de los brasileños serán significativas, especialmente para la clase media y los sectores más vulnerables.
Además del aumento del IVA, la reforma incluye la eliminación de exenciones fiscales para las empresas que ofrecen seguros médicos a sus empleados. Actualmente, 36 millones de personas, que representan el 71% de los beneficiarios, están cubiertos por planes colectivos empresariales.
El llamado "impuesto al pecado" también ha generado polémica. Este impuesto grava productos como refrescos, alcohol y cigarrillos. La inclusión de los vehículos eléctricos en esta categoría ha sorprendido, ya que contradice las políticas ecológicas promovidas por el gobierno y afecta negativamente a la industria automovilística china, un importante actor en el mercado brasileño.
La reforma no ha dejado de lado a los trabajadores de aplicaciones de transporte. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), unos 1,5 millones de conductores de aplicaciones enfrentarán la aplicación de nuevos impuestos, elevando su carga tributaria total al 26,5% sobre los ingresos brutos.
El proyecto de ley será ahora revisado por el Senado en agosto. Si se introducen modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputados para una nueva votación antes de su posible promulgación por el presidente Lula.
