El hermano de Sánchez sigue creando polémica. Francisco Martos Ortiz, miembro del grupo socialista en la Diputación de Badajoz, ha expresado su rechazo hacia la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO). Recordemos que confiscó sus correos electrónicos corporativos en relación con la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez.
En una comunicación enviada al juzgado, Martos ha argumentado que esta intervención fue una medida "prospectiva" que infringió sus derechos fundamentales y ha solicitado que se eliminen las pruebas obtenidas.
Cabe aclarar, como explica Vozpópuli, el mencionado Francisco Martos formaba parte de los nueve cargos de la Diputación cuyos correos corporativos se requisaron. Esto con la finalidad de investigar las irregularidades que presenta el hermano del socialista.
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En julio, Beatriz Biedma, jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, aceptó la solicitud de diligencia presentada por la UCO. Posteriormente, dio su consentimiento para la incautación de los correos electrónicos del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. También de David Sánchez Castejón y de otras ocho personas, incluyendo a tres diputados del PSOE.
Se ordenó revisar todas las comunicaciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. Esto es debido a que ese año se realizó un cambio en el título del puesto de David Sánchez. La UCO argumentó que podrían haberse realizado "actos preparatorios" en la Diputación de Badajoz para crear una posición pública para el hermano de Sánchez.
En consecuencia, la juez abrió una pieza separada dentro de la investigación, que ha sido declarada secreta. En ella se ha incluido todo el material incautado en la Diputación dirigida por el PSOE.
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El diputado Martos Ortiz, quien aprobó el ascenso de David Sánchez en 2022, afirma que sus derechos han sido vulnerados. Además, sostiene que la causa no tiene fundamento.
El socialista denuncia la situación acusándola de "fantásticas acusaciones" que asegura que se tratan "por ser hermano del Presidente del Gobierno".
En su apelación contra el auto que permite la incautación de los correos, el diputado de Badajoz acusa a la Guardia Civil. Asegura que ha cometido una "vulneración constitucional de libro". Asimismo, sostiene que los investigadores debieron interrogar al músico antes de imponer medidas como el análisis de sus correos, considerándolo "arbitrario y desproporcionado".
