Los 427.000 euros percibidos por David Sánchez y Luis Carrero durante su paso por la Diputación de Badajoz no serán reclamados por la institución, al menos en el escenario judicial actual. El organismo provincial ha decidido defender que no existe base para exigir ahora la devolución de esas cantidades y ha trasladado esa posición al Tribunal de Cuentas.
La respuesta llega después de que la posible recuperación del dinero haya sido planteada desde diferentes frentes. Un particular, un partido político y una asociación habían solicitado previamente que se actuara contra los dos para recuperar las cantidades abonadas por sus servicios.
La Diputación, sin embargo, no comparte ese planteamiento. Tras encargar informes sobre las consecuencias de la resolución judicial que afecta a David Sánchez y Carrero, sostiene que no se dan los presupuestos legales necesarios para exigirles responsabilidad contable.
La Diputación, sin embargo, no comparte ese planteamiento
Por ese motivo, en lugar de impulsar una reclamación económica, ha pedido que se cierre la actuación abierta ante el Tribunal de Cuentas.
El organismo fiscalizador había recibido varias denuncias relacionadas con una eventual responsabilidad por alcance y dio a la Diputación la oportunidad de formular alegaciones. Es precisamente en ese trámite donde la institución pacense ha defendido el archivo.
Uno de los argumentos utilizados tiene que ver con la situación en la que se encuentra el procedimiento penal. La Diputación recuerda que la sentencia que condenó a David Sánchez y Luis Carrero no es firme, puesto que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Añade que ha solicitado además una subsanación, aclaración o precisión de la resolución.
La institución sostiene incluso que la sentencia todavía no le ha sido notificada formalmente. Con esas circunstancias sobre la mesa, entiende que sería improcedente utilizar ahora esa resolución para intentar recuperar los salarios que ambos recibieron mientras prestaban servicios para la Diputación.
La posición comunicada al Tribunal de Cuentas supone así que la propia Administración que abonó esas retribuciones no promoverá actualmente su devolución, pese a las solicitudes que había recibido para hacerlo.
La Diputación deja abierta, no obstante, la posibilidad de que el desarrollo posterior del procedimiento pueda dar lugar a otras actuaciones vinculadas a la normativa sectorial o electoral. Su postura actual se limita a la reclamación económica planteada a raíz de la sentencia 152/2026: considera que no procede y solicita que las diligencias sean archivadas.
