La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha destacado hoy el esfuerzo que realiza la Diputación de Alicante para apoyar a los colectivos más vulnerables, a pesar de que estas ayudas no sean una competencia directa de la institución. Serrano subrayó que las ayudas extraordinarias para emergencias sociales, dotadas con seis millones de euros en 2024, se planifican cuidadosamente en función de las necesidades que los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia transmiten al área de Bienestar Social.
Estas ayudas extraordinarias complementan los más de seis millones de euros que la Diputación ya destina a financiar los contratos programa para los servicios sociales de atención primaria. Según Serrano, las entidades locales beneficiarias han expresado que los fondos asignados este año son suficientes para cubrir las necesidades subvencionables, como la compra de alimentos, productos de higiene, material escolar, y el pago de alquileres o facturas de servicios básicos.
Además, Serrano mencionó que, aunque se había destinado una parte de estas ayudas a la asistencia de refugiados ucranianos, la necesidad de estos fondos ha disminuido debido a la menor afluencia de refugiados y a que muchos de los que ya están en la provincia han logrado estabilizarse económicamente.
La diputada lamentó las críticas del Grupo Compromís sobre la gestión de estas ayudas, defendiendo el compromiso de la Diputación con los municipios durante las recientes crisis del Covid, económica y energética. Serrano afirmó que, aunque no es una obligación directa de la Diputación, se está realizando un esfuerzo extraordinario para apoyar a los más vulnerables. Asimismo, recordó que las restricciones fiscales, como la activación de las reglas del gasto, también condicionan la asignación de estos recursos.
Finalmente, Serrano subrayó que la partida extraordinaria de seis millones de euros se suma a los fondos ya previstos en los contratos programa, lo que significa que la Diputación destinará más de doce millones de euros en 2024 para ayudar a los colectivos más desfavorecidos a enfrentar las dificultades económicas provocadas por el aumento del costo de vida.
