El dineral que destina el Gobierno al centro de Ceuta destinados a servicios de traducción de inmigrantes

La inmigración ilegal sigue siendo tema de debate. Sin duda, una de las zonas más afectadas es Canarias, donde el llamado 'efecto llamada' continua trayendo repercusiones a la zona. Aún así, en Ceuta cada vez son más las llegadas, mostrando unas cifras que preocupan a la ciudadanía. 

En redes se ha publicado un gasto por el que se señala al Gobierno de Pedro Sánchez, que en múltiples ocasiones se ha mostrado totalmente a favor de la llegada masiva. Más concretamente, una cuantía de 325.088 destinados, supuestamente, para el servicio de traducción de los ilegales alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

Según el documento, mostrado en redes por el usuario Canario Today, "se incluyen el transporte (ida y vuelta), alojamiento y manutención en territorio peninsular cuando por decisión de la Dirección, se requiera de un traductor en caso de traslado de urgencia por ingreso o asistencia hospitalaria grave de un residente".

Se trata de una situación que ha traído el más profundo rechazo entre los internautas: "Empezamos bien, y suma y sigue".

Se trata de una noticia que viene muy ligada al acuerdo entre el PSOE y Podemos. Un acuerdo sobre la regularización de inmigrantes es un tema que preocupa. Sobre todo, a un sector en específico: la Policía Nacional, según explica Vozpópuli.

Según denuncian en el cuerpo, esta situación podría suponer un "balón de oxígeno" para las mafias del tráfico de personas y drogas.

Así lo confirma el medio. El sindicato policial Jupol advierte de que el acuerdo puede tener consecuencias no deseadas, entre ellas el incentivo a nuevos flujos migratorios.

A su juicio, las redes criminales aprovecharán la medida como una herramienta de captación. Posteriormente difundiendo la idea de futuras regularizaciones para empujar a muchas personas a iniciar desplazamientos de alto riesgo, de los que obtienen beneficios económicos.

Además de este posible efecto, la organización alerta del impacto directo que la regularización tendría en el funcionamiento interno de la Policía.

En especial, las unidades de Extranjería y Fronteras se verían obligadas a asumir un volumen elevado de gestiones administrativas. Por ejemplo, la comprobación de identidades, el análisis de expedientes o la concesión de permisos de residencia. Una carga adicional que recaería sobre unos servicios que, según señalan, ya operan al límite en la mayoría del país.