Y añade que “los sindicatos vuelven a ser premiados con fondos públicos mientras los españoles sufren una inflación asfixiante”. La polémica se enmarca dentro de un patrón de gasto público con marcado sesgo ideológico, denunciado desde hace meses por la oposición.
Mientras faltan recursos para vivienda, sanidad o pensiones, el Gobierno prioriza subvencionar informes de dudosa utilidad social. Muchos de estos estudios, como ya ocurrió en otras convocatorias, ni siquiera son publicados o auditados tras su entrega.
El resultado es una red clientelar donde entidades afines al Ejecutivo reciben dinero sin la más mínima exigencia de resultados. A esta situación se suma que los sindicatos beneficiados son los mismos que suelen guardar silencio ante escándalos del Gobierno.
UGT y CCOO, habituales en la defensa pública del Ejecutivo, ahora reciben una nueva recompensa encubierta como “investigación feminista”. En definitiva, otro ejemplo de cómo el Ministerio de Igualdad se convierte en máquina de repartir fondos a dedo y sin control.
Desde sectores críticos se exige la eliminación de estas partidas y la reorientación del gasto hacia servicios esenciales y fiscalizados. El Instituto de las Mujeres se ha negado a explicar públicamente los criterios técnicos usados para otorgar estas subvenciones.
Por ahora, la transparencia brilla por su ausencia. Y el dinero público sigue alimentando estructuras que giran en torno a lo ideológico. Con estas ayudas, el Gobierno vuelve a demostrar que su prioridad no es la igualdad, sino el clientelismo político con sello feminista.
