El desprecio del Gobierno a Sevilla que su alcalde ha denunciado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha alzado su voz ante lo que considera un acto de desprecio por parte del Gobierno hacia la ciudad, denunciando la intención de retirar una ayuda de 12 millones de euros destinada a viviendas. El alcalde ha expresado su indignación ante la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda, por motivos políticos, redireccione estos fondos a la Diputación, gobernada por el PSOE, en lugar de destinarlos al Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP.

Sanz ha afirmado: "Es inconcebible que el Ministerio castigue al Ayuntamiento de Sevilla por motivos partidistas, quitándonos una ayuda para dársela a una institución gobernada por el PSOE. Basta de jugar con el futuro de nuestra ciudad. La asignación de esta subvención es un derecho adquirido por Sevilla y no permitiremos que intereses políticos mezquinos se interpongan en nuestro camino hacia un desarrollo equitativo y justo".

El alcalde ha destacado la importancia de estas subvenciones para la promoción de vivienda protegida, señalando que el programa de desarrollo de 1.403 viviendas y alojamientos protegidos es uno de los más ambiciosos a nivel histórico en la ciudad. Además, ha subrayado que la asignación de estas subvenciones es un derecho adquirido por parte de la ciudad, que enfrenta una demanda creciente y significativa de vivienda protegida.

Sanz ha instado a la ministra responsable a explicar sus intenciones y a garantizar que los fondos asignados a Sevilla no sean desviados con fines partidistas. Ha recordado que la ciudad cuenta con más de 18.000 personas en lista de espera para acceder a vivienda protegida, y que modificar el destino de estas subvenciones constituiría una violación de los derechos adquiridos por Sevilla y un acto de injusticia hacia sus ciudadanos.

El alcalde ha concluido exigiendo el respeto al derecho adquirido por Sevilla a recibir estos fondos, reconociendo la urgencia de abordar el déficit habitacional en la ciudad y garantizando el acceso a una vivienda digna para todos los habitantes, independientemente de su afiliación política.