Desestiman caso penal de documentos contra Trump por nombramiento inconstitucional

La mañana del lunes, la jueza Aileen Cannon sorprendió al país al desestimar el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago contra el expresidente Donald Trump, dictaminando que el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial violaba la Constitución.

En una orden de 93 páginas, la jueza Cannon concedió la moción de Trump para desestimar la acusación, afirmando que el nombramiento de Smith violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos. "La moción del expresidente Trump para desestimar la acusación basada en el nombramiento y financiamiento ilegal del fiscal especial Jack Smith es concedida de acuerdo con esta orden. La acusación sustitutiva se desestima porque el nombramiento del fiscal especial Smith viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos", se lee en la orden.

La jueza Cannon argumentó que ninguna de las leyes citadas como autoridad legal para el nombramiento del fiscal especial otorgaba al Fiscal General el poder para designar a un oficial federal con las capacidades procesales de Smith. Además, enfatizó que la Cláusula de Nombramientos es una restricción constitucional crítica derivada de la separación de poderes y que otorga al Congreso un papel considerado en la determinación de la idoneidad de otorgar poderes de nombramiento para oficiales inferiores.

El caso se originó en agosto de 2022 cuando la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, fue allanada por el FBI en busca de documentos clasificados. Desde entonces, surgieron interrogantes sobre la manipulación de pruebas por parte de la agencia, y los fiscales admitieron posteriormente que las pruebas habían sido alteradas.

La orden de Cannon llegó después de que la Corte Suprema dictaminara en julio que Trump tiene inmunidad por actos oficiales como presidente. En una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas cuestionó el nombramiento de Smith como fiscal especial en el caso del 6 de enero contra Trump, señalando que el cargo de fiscal especial no había sido "establecido por ley" según lo exige la Constitución.

La decisión de Cannon pone en tela de juicio la autoridad del Ejecutivo para nombrar fiscales especiales sin la aprobación explícita del Congreso. Según Cannon, si las ramas políticas desean otorgar al Fiscal General el poder para nombrar a un fiscal especial, deben hacerlo mediante el método predeterminado en la Cláusula de Nombramientos o autorizar su nombramiento a través de una ley positiva consistente con la misma.

Este fallo representa un revés significativo para el Departamento de Justicia bajo la administración de Biden.