Ayuso y Almeida exigen al Gobierno que actúe y desaloje una acampada que bloquea el corazón de Madrid
La Puerta del Sol se ha convertido en el nuevo escenario de presión sobre Pedro Sánchez por el llamado ‘decreto Maricarmen’.
Cientos de personas permanecen acampadas desde el sábado, después de una multitudinaria protesta contra los desahucios y la crisis de vivienda.
La movilización busca forzar al Ejecutivo a aprobar el Real Decreto previsto para este martes en el Consejo de Ministros.
Mientras tanto, el Gobierno municipal y la Comunidad de Madrid han puesto el foco sobre la Delegación del Gobierno.
Almeida ha exigido que se recupere cuanto antes la normalidad en Sol y ha cuestionado la actuación de Interior.
Ayuso también ha cargado contra la gestión gubernamental y ha denunciado públicamente la situación generada en pleno centro madrileño.
La protesta tiene su origen en el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda donde residió durante décadas.
Su situación se ha convertido en el símbolo de una movilización que pretende cambiar las reglas del alquiler y los procedimientos de desahucio.
Los manifestantes reclaman contratos indefinidos, límites a determinadas subidas y una mayor protección para los inquilinos vulnerables.
También plantean modificaciones relacionadas con los alquileres de temporada y por habitaciones, además de medidas contra los desahucios.
El denominado ‘decreto Maricarmen’ pretende convertir este caso particular en el punto de partida de una reforma más amplia.
Sánchez ha asegurado que su Ejecutivo trabaja para llevar la norma al Consejo de Ministros de este martes. La presión callejera, por tanto, llega justo cuando el Gobierno negocia con sus socios el contenido definitivo del decreto.
La acampada pretende mantenerse hasta conocer si el Ejecutivo cumple finalmente sus compromisos sobre vivienda. Este domingo, unas 500 personas habían pasado la noche en Sol, distribuidas en alrededor de un centenar de tiendas.
La cifra procede de la Delegación del Gobierno y muestra la dimensión alcanzada por la protesta durante el fin de semana.
El conflicto político ha aumentado porque Sol no es únicamente un lugar de protesta.
La plaza alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y constituye uno de los principales puntos turísticos de la capital.
El Ayuntamiento sostiene que la Delegación del Gobierno permitió que la concentración terminara transformándose en una acampada.
Según el Consistorio, la protesta habría terminado ocupando espacios que no estaban contemplados en la autorización inicial.
El Gobierno municipal también denuncia que unidades policiales desplegadas inicialmente abandonaron sus posiciones cuando comenzaron los asentamientos.
Por ello, Almeida reclama explicaciones al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid.
Desde una perspectiva política, el episodio vuelve a colocar a Madrid en el centro del enfrentamiento entre administraciones.
El Ayuntamiento recuerda además que la Delegación del Gobierno tiene competencias relacionadas con el orden público durante las manifestaciones.
Los sindicatos policiales también han cuestionado las órdenes recibidas durante la acampada.
Estas organizaciones sostienen que los agentes recibieron instrucciones para no intervenir, una acusación que atribuyen a decisiones políticas.
El Gobierno municipal reclama ahora que se despeje Sol y que la plaza recupere su funcionamiento habitual.
La Comunidad de Madrid también mantiene una posición crítica con las políticas estatales sobre vivienda.
Ayuso ha defendido una estrategia basada en aumentar la oferta residencial y facilitar la construcción de nuevos inmuebles.
Su Ejecutivo anunció recientemente 3.100 nuevas viviendas residenciales y un plan de rehabilitación dotado con 450 millones.
Además, Madrid prevé ampliar el Plan Vive hasta alcanzar las 16.500 viviendas de alquiler asequible.
El choque de modelos resulta evidente: el Gobierno apuesta por nuevas medidas regulatorias, mientras Madrid insiste en incrementar la oferta.
La acampada añade ahora presión política y visual a una negociación que tendrá su prueba definitiva este martes.
Hasta entonces, Sol seguirá siendo el escenario donde Gobierno, oposición y movimientos sociales medirán sus fuerzas.
