La inmobiliaria Ingrafam 2021 SL obtiene los terrenos de Carraclaca (Lorca) tras descartarse el proyecto residencial, su administrador está vinculado a una causa por presuntos delitos fiscales
El anuncio de vivienda pública para jóvenes en Carraclaca ha desembocado en una adjudicación a una empresa privada. El Ministerio de Defensa ha adjudicado por dos millones de euros los terrenos del antiguo campo de maniobras militares de Lorca a Ingrafam 2021 SL, una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria. Las viviendas previstas no llegaron a construirse.
La operación afecta a una superficie de 688.484 metros cuadrados, cerca de 70 hectáreas. El suelo salió a subasta después de que se descartara su utilización para el proyecto residencial anunciado en 2023, que el Ayuntamiento cifra en 900 viviendas para jóvenes. La adjudicación tiene carácter provisional, según la información difundida tras la subasta.
El resultado enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez con sus anuncios sobre vivienda asequible: unos terrenos públicos presentados como parte de la solución para los jóvenes terminan adjudicados a una promotora. Entretanto, el Consistorio tampoco ha conseguido su cesión gratuita para crear un bosque periurbano con espacios deportivos y de ocio.
Del anuncio de viviendas a la subasta del suelo público
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha reprochado al Ejecutivo que tres años después de presentar el proyecto no haya viviendas construidas. También acusa al PSOE de utilizar el patrimonio de Defensa para obtener ingresos y cuestiona que se presente como defensor del acceso a la vivienda mientras promueve esta venta.
El Ayuntamiento había rechazado la ubicación del desarrollo residencial por tratarse de terrenos sin urbanizar y sin servicios. Su propuesta pasaba por trasladar la inversión a otra zona del municipio y reservar Carraclaca para usos recreativos. Defensa, sin embargo, rechazó la cesión gratuita y remitió al Consistorio a la posibilidad de comprar el suelo.
Vivienda sostiene que los estudios técnicos desaconsejaron el proyecto. El ámbito reúne seis parcelas con distintas clasificaciones urbanísticas y la zona con posibilidades de desarrollo a medio plazo requería planeamiento y urbanización. Además, solo permitía viviendas unifamiliares aisladas, una tipología que el departamento considera inadecuada para sus objetivos de vivienda pública asequible.
A esas dificultades se añaden la separación del núcleo urbano, la proximidad a la autopista y las afecciones ambientales y arqueológicas. El Ministerio recuerda que la disponibilidad de los terrenos estaba condicionada a su evaluación técnica. La Delegación del Gobierno, por su parte, reprocha al Ayuntamiento y al Ejecutivo regional que no presentaran una propuesta de adquisición que considerase viable.
El administrador de la adjudicataria, vinculado a una causa fiscal
La adjudicación incorpora otro elemento de interés público: Javier Berruezo Segura, administrador único de Ingrafam 2021 SL, figura vinculado a la operación “Lila”, una investigación iniciada en 2010 sobre presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según las informaciones publicadas sobre el procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado formularon acusación contra Berruezo por delitos contra la Hacienda pública. La causa estaría pendiente de resolver un recurso relativo a la prescripción de los hechos. Los investigados negaron conocer las irregularidades y la existencia de una acusación no equivale a una condena.
El procedimiento se refiere a operaciones inmobiliarias anteriores y distintas de la adjudicación de Carraclaca. No acredita irregularidades en esta subasta, pero añade preguntas sobre una operación cuyo balance político resulta difícil de conciliar con el anuncio inicial: las viviendas públicas no se materializaron y el suelo ha sido adjudicado a una empresa privada.
