La condena impuesta a David Sánchez por prevaricación no pone fin al procedimiento judicial. La resolución no es firme y todavía puede ser ser recurrida, por lo que el caso aún tiene recorrido en los tribunales.
Una vez notificada la sentencia, la defensa del hermano del presidente del Gobierno podrá presentar los recursos previstos por la legislación para impugnar el fallo. En ellos podrá cuestionar tanto la valoración de la prueba como la aplicación del Derecho realizada por el tribunal.
Si la condena se mantiene tras agotarse las primeras vías de impugnación, el procedimiento podría llegar al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, siempre que concurran los requisitos legales para su admisión.
En ellos podrá cuestionar tanto la valoración de la prueba como la aplicación del Derecho realizada por el tribunal
David Sánchez y Gallardo condenados
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público al considerarlo responsable de un delito de prevaricación en la contratación que ocupó en la Diputación de Badajoz. El tribunal, sin embargo, descarta que existiera un delito de tráfico de influencias, por lo que no impone ninguna pena de prisión.
El fallo llega varios meses después de la celebración del juicio, en el que se analizó el proceso mediante el que el hermano del presidente del Gobierno accedió al puesto de coordinador de los conservatorios dependientes de la institución provincial.
La resolución pone fin a un procedimiento en el que las acusaciones populares modificaron su estrategia durante la vista oral. Tras la práctica de la prueba, la mayoría decidió elevar las penas inicialmente solicitadas al entender que las declaraciones de varios testigos reforzaban la tesis de que la plaza fue creada de forma irregular.
Además, la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El tribunal le considera responsable de dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con las contrataciones de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Luis Carrero.