El Gobierno de Sánchez revela el contrato de emergencia otorgado en medio de la crisis migratoria que afecta a Canarias
El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 4,2 millones de euros para gestionar el traslado de más de 13.000 inmigrantes ilegales a la península. Esto se debe a la declaración de emergencia admitida por Canarias debido a la llegada masiva de irregulares en octubre pasado.
Este contrato fue adjudicado el 1 de noviembre de 2023. Y posteriormente se ha mantenido en secreto hasta su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado 7 de agosto.
El contrato, que siguió un procedimiento de "negociado sin publicidad" bajo el marco de emergencia, fue otorgado a la ONG Accem. Entre sus gastos incluye el transporte de 13.200 personas por avión, con un coste total de 4,2 millones de euros.
El acuerdo fue formalizado en noviembre. Lo sorprendente, es el servicio ya se había iniciado antes, con la autorización verbal de las autoridades en medio de la crisis migratoria. El contrato se extendió desde el 14 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2023.
A lo largo de 2024, los vuelos de estas características han continuado. De hecho, se vienen realizando vuelos desde el 10 de octubre de 2023. En ellos se transportan a miles de inmigrantes irregulares desde Canarias a distintos puntos de la península, con destinos como Madrid, Barcelona y Málaga.
Estos vuelos chárter, principalmente operados por Air Europa, pero también por Iberojet y Privilege, han trasladado a estos inmigrantes irregulares. Una vez llegados a la península son recibidos por ONG's designadas por el Gobierno y distribuidos a diferentes localidades. Allí son alojados en albergues, hoteles, pisos turísticos y hasta balnearios.
El Gobierno también ha habilitado instalaciones militares como centros de acogida. Así ha ocurrido en el Acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares, donde han sido alojados más de 1.100 inmigrantes.
El Ejecutivo de Sánchez, a través de estas ONG's, ha delegado la gestión de esta crisis migratoria. Esto ha generado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular denuncien la falta de información por parte del Gobierno.
Estas regiones aseguran que han recibido más detalles de las ONG's que del propio Ejecutivo, complicando su capacidad para asistir adecuadamente a los inmigrantes.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para las mafias que trafican con personas. Estas organizaciones publican contenido que muestra una imagen distorsionada y edulcorada de la vida en España. Prometiendo ayudas gubernamentales y facilidades para vivir de manera ilegal.
Vídeos y publicaciones en plataformas como TikTok muestran a inmigrantes disfrutando de una vida supuestamente mejor, lo que incentiva a otros a emprender el peligroso viaje hacia Europa.
Un ejemplo claro es el contenido subido por individuos que invitan abiertamente a otros a venir a España, destacando las facilidades ofrecidas por el gobierno. “Todos son bienvenidos, todos pueden venir a España”, se escucha en varios vídeos virales. Estas publicaciones no solo desinforman, sino que también explotan la desesperación de personas en situación vulnerable.
