El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha retomado este lunes la publicación de su suplemento en lengua catalana. Un proyecto que vuelve a ponerse en marcha tras más de tres años de interrupción.
Este movimiento surge del convenio firmado en julio entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Dicho convenio tiene como objetivo traducir al catalán ciertas disposiciones generales del BOE.
Sin embargo, este gesto hacia la diversidad lingüística no está exento de críticas. Especialmente por su impacto económico, que podría alcanzar los 273.000 euros anuales.
¿Qué incluye la traducción al catalán?
Según el convenio, la Generalitat se encargará de traducir al catalán una selección específica de textos. Leyes orgánicas y ordinarias, reales decretos-leyes, transposiciones de directivas europeas y reglamentos ejecutivos, entre otros.
Sin embargo, solo se publicarán aquellos textos que alguna conselleria catalana solicite específicamente.
El suplemento, de carácter exclusivamente electrónico, recoge además la traducción íntegra del sumario del apartado "Disposiciones generales".
En el caso de disposiciones no incluidas en el convenio, estas simplemente estarán vinculadas al texto original en castellano, sin ser traducidas.
El estreno de este relanzamiento el lunes fue bastante modesto. Solo se tradujo el sumario de dos disposiciones relativas a leyes del Principado de Asturias, dejando claro que el alcance práctico de esta medida dependerá de cuántas normativas solicite la Generalitat.
Un gesto simbólico con un coste significativo
El regreso del BOE en catalán ha sido celebrado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Este destacó en redes sociales que España es “un país con distintas lenguas, una riqueza enorme que cuidamos desde el Gobierno”.
