El regreso del BOE en catalán supone un nuevo coste para los españoles y reabre el debate sobre su necesidad
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha retomado este lunes la publicación de su suplemento en lengua catalana. Un proyecto que vuelve a ponerse en marcha tras más de tres años de interrupción.
Este movimiento surge del convenio firmado en julio entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Dicho convenio tiene como objetivo traducir al catalán ciertas disposiciones generales del BOE.
Sin embargo, este gesto hacia la diversidad lingüística no está exento de críticas. Especialmente por su impacto económico, que podría alcanzar los 273.000 euros anuales.
Según el convenio, la Generalitat se encargará de traducir al catalán una selección específica de textos. Leyes orgánicas y ordinarias, reales decretos-leyes, transposiciones de directivas europeas y reglamentos ejecutivos, entre otros.
Sin embargo, solo se publicarán aquellos textos que alguna conselleria catalana solicite específicamente.
El suplemento, de carácter exclusivamente electrónico, recoge además la traducción íntegra del sumario del apartado "Disposiciones generales".
En el caso de disposiciones no incluidas en el convenio, estas simplemente estarán vinculadas al texto original en castellano, sin ser traducidas.
El estreno de este relanzamiento el lunes fue bastante modesto. Solo se tradujo el sumario de dos disposiciones relativas a leyes del Principado de Asturias, dejando claro que el alcance práctico de esta medida dependerá de cuántas normativas solicite la Generalitat.
El regreso del BOE en catalán ha sido celebrado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Este destacó en redes sociales que España es “un país con distintas lenguas, una riqueza enorme que cuidamos desde el Gobierno”.
Sin embargo, para garantizar este gesto, se ha establecido un coste máximo anual de 273.000 euros, que será asumido íntegramente por el Estado.
La traducción corre a cargo de la Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, que percibirá 0,030 euros por palabra traducida. Este importe podrá ser revisado en el futuro, aunque no podrá superar el límite económico establecido.
El convenio, cuya vigencia inicial es de cuatro años, podría extenderse otros cuatro años adicionales si ambas partes así lo acuerdan. Esto elevaría el gasto total potencial a más de dos millones de euros.
Este proyecto no ha tardado en levantar ampollas entre quienes consideran que supone un despilfarro injustificado.
A pesar de que el BOE comenzó a publicarse en lenguas cooficiales en 1998, gracias al Real Decreto 489/1997, los suplementos en gallego y vasco dejaron de editarse en 2021.
En términos prácticos, los detractores señalan que la publicación en catalán tiene un alcance limitado. La mayoría de los textos legales relevantes seguirán disponibles en castellano, el idioma oficial en toda España, lo que pone en cuestión la verdadera necesidad de esta inversión.
Además, dado que el suplemento es exclusivamente digital, algunos se preguntan si los recursos podrían haberse destinado a otras prioridades más urgentes.
