La acusación pide investigar el paradero de su terminal oficial tras revelaciones de la Guardia Civil
Manos Limpias, parte acusadora en la causa contra el Fiscal General, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue el destino de un teléfono móvil.
Según el escrito enviado al Alto Tribunal, la acusación popular pide al Gobierno que aclare si dicho dispositivo es propiedad de la Administración. De ser así, que lo localice para someterlo a inspección.
La solicitud se produce tras conocerse un informe de la UCO que detalla un cambio de terminal telefónico realizado por García Ortiz. Dicho cambio se llevó a cabo una semana después de que se le imputaran cargos por presunta revelación de secretos.
El documento señala que el nuevo dispositivo comenzó su actividad el 23 de octubre de 2024, coincidiendo con el cambio de terminal.
El informe de la UCO, citado en el escrito de Manos Limpias, detalla que se analizaron dos números telefónicos asociados al fiscal general.
Uno de ellos corresponde a comunicaciones con Pilar Rodríguez Fernández, fiscal provincial de Madrid e imputada en la misma causa.
El otro número, registrado a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización, está vinculado al Ministerio de Hacienda.
Manos Limpias argumenta que el fiscal general utilizaba un teléfono con sistema "Dual SIM", lo que permitía operar con dos líneas en un solo dispositivo.
De acuerdo con esta interpretación, una de las líneas sería de carácter oficial y, por ende, el móvil podría ser propiedad pública.
La acusación popular subraya la necesidad de determinar si el aparato pertenece a la Administración y, en ese caso, que se indique su paradero.
En el escrito, la organización solicita que se remita un oficio al organismo responsable, dependiente del Ministerio de Hacienda, para confirmar si el móvil es de titularidad pública. También pide que se aclare si el dispositivo está en uso, archivado o si ha sido destinado a otros fines.
Además, Manos Limpias reclama que el teléfono sea entregado al Supremo para su análisis por parte de la Guardia Civil. También solicita que se informe sobre el procedimiento llevado a cabo para borrar o formatear el terminal, especificando si fue entregado con datos eliminados.
Según su argumentación, estos detalles son clave para garantizar la conservación de posibles evidencias relacionadas con el caso.
La causa contra García Ortiz se centra en un supuesto delito de revelación de secretos que habría cometido en el ejercicio de sus funciones. La imputación también alcanza a Pilar Rodríguez Fernández, quien habría participado en los hechos investigados.
Manos Limpias considera que la gestión de los dispositivos móviles utilizados por el fiscal general podría ser crucial para esclarecer los presuntos delitos.
Por ello, recalca la importancia de garantizar que todos los elementos de prueba sean preservados y analizados conforme a los protocolos establecidos.
El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite a trámite la solicitud de la acusación popular. Este nuevo paso procesal podría determinar si el dispositivo en cuestión aporta información relevante para la investigación.
El caso sigue generando expectativas, al ser una de las pocas investigaciones que involucra a altos cargos en el ámbito judicial.
Manos Limpias insiste en que el esclarecimiento de los hechos es fundamental para garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.
