El accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha abierto un nuevo frente para el Ministerio de Transportes. Los trabajadores encargados de regular la circulación de los trenes en Adif preparan movilizaciones para denunciar la falta de personal, la sobrecarga laboral y las presiones que, según aseguran, reciben durante la gestión de las incidencias ferroviarias.
El Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) tiene previsto activar el procedimiento de resolución de conflictos laborales como paso previo a la convocatoria de una huelga. La decisión llega después de que las actuaciones de los controladores del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha hayan quedado bajo el foco de la investigación y del debate público sobre la tragedia ferroviaria de la pasada semana.
Las declaraciones del ministro Óscar Puente han incrementado el malestar entre los profesionales. Aunque el responsable de Transportes niega haberles atribuido la responsabilidad del siniestro, sí ha cuestionado la decisión de permitir que uno de los trenes implicados continuara circulando después de registrarse una avería en el sistema de seguridad.
Denuncian falta de personal y presiones para recuperar el servicio
Los trabajadores sostienen que el centro de control de Atocha funciona con una plantilla un 20% inferior a la que consideran necesaria para desarrollar su actividad en condiciones óptimas de seguridad.
Los trabajadores sostienen que el centro de control de Atocha funciona con una plantilla un 20% inferior a la que consideran necesaria
A esta situación añaden el incremento de las incidencias ferroviarias, que, según denuncian, obliga a gestionar un mayor número de problemas con recursos humanos insuficientes.
El sindicato ya había advertido de estas dificultades antes del accidente de Toledo. En un comunicado difundido días antes de la tragedia, alertó de que la escasez de empleados impedía cubrir determinados turnos y puestos, especialmente los relacionados con actividades complementarias.
Esta falta de efectivos, según la organización, también dificulta que los controladores puedan disfrutar de los descansos obligatorios durante sus jornadas frente a las pantallas.
Otra de las principales quejas del colectivo apunta directamente a Adif. Los profesionales denuncian que reciben presiones para restablecer cuanto antes la circulación cuando se producen averías, con el objetivo de reducir los retrasos y evitar posibles compensaciones económicas a los pasajeros.
La actuación de los controladores, bajo el foco tras la tragedia
La controversia se centra en lo sucedido cuando el sistema automático de seguridad LZB dejó de funcionar en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Tras la incidencia, desde el centro de control se autorizó la continuación de la marcha del AVE que posteriormente colisionó con el tren de Iryo, que permanecía detenido.
Puente ha calificado aquella decisión de "errónea", aunque ha insistido en que no supone responsabilizar directamente a los trabajadores del accidente.
El ministro también ha defendido que las averías de estos sistemas están contempladas en la operativa ferroviaria y que existen procedimientos específicos para garantizar la circulación cuando dejan de estar disponibles.
Por su parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha planteado la posibilidad de que existiera una sucesión de fallos, una hipótesis que deberá esclarecerse durante la investigación.
Los controladores consideran que las críticas dirigidas a su actuación están dejando en segundo plano los problemas estructurales que llevan tiempo denunciando.
Una huelga con efectos limitados sobre los trenes
Pese a la intención de convocar paros, el propio colectivo reconoce que la repercusión directa sobre los servicios ferroviarios podría ser reducida.
La razón está en los servicios mínimos aplicables a este tipo de protestas, que, según explican, obligarían a mantener en sus puestos a prácticamente todos los profesionales encargados de controlar la circulación. Las excepciones afectarían principalmente al personal de gestión y a los trabajadores en prácticas.
Sin embargo, las movilizaciones podrían tener consecuencias en determinadas tareas de mantenimiento y en la autorización de trabajos sobre las infraestructuras ferroviarias.
Los controladores disponen de cierto margen para gestionar los permisos relacionados con estas actuaciones, aunque deben garantizar las intervenciones imprescindibles para resolver problemas que afecten a la seguridad.
El sindicato todavía no ha concretado las fechas de la huelga, pero pretende iniciar las protestas una vez completados los trámites legales necesarios.
