El teletrabajo para los funcionarios adscritos a la Administración de la Generalitat está a punto de experimentar un vuelco decisivo. El Consell ultima un nuevo decreto sobre esta modalidad de trabajo a distancia que introduce cambios de calado respecto a la norma anterior, impulsada por el Botànic desde su entrada en vigor en 2021 y que había generado críticas constantes de los sindicatos por su rigidez. El gran cambio del nuevo modelo es que flexibiliza el teletrabajo y lo convierte prácticamente en un derecho individual, al permitir que cada empleado público pueda solicitarlo en cualquier momento a su superior si cumple una serie de requisitos, tanto personales como a nivel de departamento.
Así consta en el borrador del decreto que está terminando de perfilar el Consell, que ahora deberá pasar por la Mesa sectorial y ser validado por el Ejecutivo autonómico para ser efectivo. El documento establece que la modalidad telemática podrá ser ordinaria, con una duración de hasta un año prorrogable, o extraordinaria, para casos sobrevenidos por motivos de conciliación, salud, embarazo o violencia de género, con un tiempo máximo en estos últimos de un mes. También contempla la instauración "de oficio" del teletrabajo ante situaciones de crisis, alertas meteorológicas o emergencias sanitarias.
La gran novedad respecto al sistema heredado del Botànic es que cada caso se estudiará de manera individualizada y en cualquier momento por parte de la persona responsable de la unidad administrativa de la que dependa el solicitante. Supone un giro muy relevante, ya que hasta la fecha el procedimiento era mucho más encorsetado y funcionaba a través de programas marco que aprobaba cada conselleria y que únicamente daban 15 días de plazo para las solicitudes, cerrando cualquier otra opción a reclamar el teletrabajo fuera de esas ventanas. Un modelo que, tras años de bloqueo, deja paso ahora a una fórmula mucho más ágil y adaptada a las necesidades reales de la plantilla.
La Generalitat, eso sí, se reserva la opción de denegar algunas solicitudes por motivos organizativos, algunos de los cuales endurece: fija en un 40% la presencialidad mínima en cada unidad administrativa, frente al 20% actual, y obliga a que al menos un día a la semana toda la plantilla coincida físicamente. El decreto impulsa y agiliza el teletrabajo, pero mantiene condicionantes para concederlo tanto en función del puesto de trabajo ocupado como del perfil del funcionario que lo demanda. Podrán solicitarlo los empleados públicos adscritos a un puesto "susceptible de ser ejercido de forma autónoma y a distancia atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos para su desarrollo". Quedan fuera aquellos "cuya prestación efectiva solo queda plenamente garantizada con la presencia física del personal empleado público", como los puestos de atención directa al público, el personal de emergencias o quienes requieran acceso frecuente a datos no informatizados.
Entre los requisitos para acceder a esta modalidad figuran acumular al menos tres meses en el puesto, tener conocimiento suficiente a nivel informático y de los procedimientos a desempeñar desde casa, y haber realizado un curso de autoformación de la propia Generalitat, que además facilitará los medios tecnológicos necesarios. El decreto fija que cada funcionario a quien se le conceda podrá teletrabajar un máximo de tres días a la semana, con la distribución concreta recogida en un nuevo Plan Individual de Teletrabajo (PIT), documento que reunirá las condiciones generales de la prestación, objetivos, tareas y evaluación del rendimiento.
La norma contempla además permisos extraordinarios para teletrabajar por motivos de urgencia, con una duración máxima de un mes, dirigidos a quienes necesiten conciliar por necesidades puntuales y excepcionales, por motivos de salud, a las empleadas públicas embarazadas a partir de la semana 30 -o la 26 en gestación múltiple-, a las mujeres víctimas de violencia de género o a quienes disfruten de un permiso por cuidado de un hijo menor afectado por una enfermedad grave. El decreto reserva también a la Generalitat la opción de establecer el teletrabajo "de oficio" ante circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del personal, como situaciones de crisis, emergencia sanitaria, ambiental o meteorológica. Tras el precedente de la dana de octubre de 2024, Función Pública remarca que esta modalidad se activará "particularmente" ante alertas de riesgo por inundación, una lección aprendida que sitúa a la Generalitat un paso por delante frente a futuras emergencias, dejando definitivamente atrás la parálisis administrativa que marcó los años del Botànic.
