El Congreso despidió a 12 informáticos independientes y los sustituyó por funcionarios

El Congreso de los Diputados despidió a 12 informáticos independientes que prestaban servicios en la Cámara Baja y los sustituyó por funcionarios del Estado en la última parte de la legislatura que presidió Meritxell Batet, según ha sabido EDATV de fuentes de toda solvencia. Un movimiento que pasó desapercibido, pero que ha provocado el enfado de los citados profesionales pertenecientes a una empresa externa que llevaba trabajando en el hemiciclo ocho años y que tenía buena relación con todos los grupos parlamentarios. Estos expertos, que tenían acceso a información privilegiada de los ordenarios de sus señorías y estaban sujetos a un contrato de confidencialidad, suponían un menor coste para las arcas públicas. 

La Cámara Baja decidió interrumpir la relación con es empresa externa que le aportaba profesionales informáticos y lanzó una oferta de empleo público para la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados el pasado año tal y como aparece en la propia web del Congreso. Este cambio de profesionales independientes por funcionarios del Estado se produjo justo después del supuesto error del entonces diputado del PP, Alberto Casero, en el que éste aprobó la reforma laboral con un voto a favor cuando, según él, había pulsado en contra. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, denunció un supuesto error informático que provocó que uno de sus parlamentarios hubiese votado lo contrario a lo que imponía la disciplina del grupo popular. Según informa uno de estos 12 informáticos expulsados de la Cámara Baja no se investigó el supuesto error informático que denunció. Casero pidió anular el voto telemático y votar presencialmente con el permiso de la Mesa, pero Batet decidió no convocarla.

Los letrados del hemiciclo dieron validez al voto de Casero y concluyeron que no se podía corregir, por lo que la votación que finalmente dio luz verde a la convalidación del decreto es "irrevocable". Los letrados emitieron un informe de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso donde aseguraban que no hubo "error informático" alguno y aún así el PP decidió llevar al Tribunal Constitucional. En el departamento de Informática del Congreso se vivieron momentos de mucha tensión y la supuesta investigación fue controlada por los informáticos que están en calidad de funcionarios y nunca se dejó supervisar por la empresa externa. Uno de los informáticos despedidos asegura que este asunto no se llegó a investigar y que sus preguntas sobre el caso no gustaron al equipo de funcionarios. Según él, a raíz de sus preguntas incómodas se decidió que el equipo de informáticos fuese conformado íntegramente por funcionarios del Estado.

Los profesionales según denuncian varios de ellos, fueron avisados de un día a otro de su despido. Uno de los informáticos afectados se puso en contacto con EDATV para denunciar la situación y asegurar que se trata de un movimiento impuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para controlar el sistema de votaciones" en leyes cuya aprobación puede depender de un puñado de votos. Será el caso de la proposición de Ley de amnistía propuesta por el PSOE cuya aprobación, al no contar con el voto favorable de su socio de investidura Coalición Canaria, puede pender de un hilo. Este medio se ha puesto en contacto con el hemiciclo para preguntar a qué responden esos cambios en los servicios informáticos de la Cámara y no ha obtenido respuesta alguna. Uno de los informáticos afectados asegura que está seguro que el Gobierno quiere controlar los servicios informáticos de la Cámara Baja igual que controla ya "el INE, el CIS, Indra, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional" y otros entes dependientes del Estado. "Habrán querido meter funcionarios que controlan para que no se les escapen las votaciones apretadas", dice. 

Según su testimonio,  Sánchez puede asegurarse de esta forma que ningún diputado del PSOE vote en contra de la Ley de amnistía tal y como está reclamando una parte de la sociedad civil a los parlamentarios socialistas de Castilla La Mancha que fueron designados por el presidente manchego Emiliano García Page. Es decir, si tuviesen esa tentación, según el informático, se podría revertir desde la sala de máquinas del Congreso.

Hace unos días un medio denunció que el hemiciclo que controla ahora la socialista Francina Armengol había sustituido al letrado mayor del Congreso por una persona de la máxima confianza de Sánchez y procedente de su mismo instituto.