La retirada de las acreditaciones al periodista de EDATV Vito Quiles y a Bertrand Ndongo ha puesto en el centro de la controversia la política de acceso de la prensa al Congreso de los Diputados. En medio de esta situación, han salido a la luz nuevos datos sobre las solicitudes que la institución parlamentaria ha rechazado en los últimos años.
Desde 2022, la Cámara Baja ha autorizado la acreditación de 19 medios de comunicación y ha rechazado las peticiones de otros siete. Así se desprende de la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que también revela que ninguna de las entidades afectadas presentó un recurso contra la decisión.
Las cifras muestran que 2023 fue el año con mayor número de negativas, con cuatro solicitudes rechazadas. Las otras tres se distribuyen entre 2022, con dos casos, y 2026, con uno.
Las cifras muestran que 2023 fue el año con mayor número de negativas
Sin embargo, el Congreso ha decidido mantener en secreto la identidad de los siete medios a los que negó la acreditación. La institución considera que publicar estos nombres podría comprometer información de carácter comercial y vulnerar las garantías de confidencialidad de los solicitantes.
Para respaldar esta postura, la Cámara invoca las limitaciones al derecho de acceso a la información pública recogidas en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia.
La documentación conocida sí permite identificar qué tipo de organizaciones se quedaron sin autorización. Entre ellas figuran tres empresas del ámbito audiovisual y radiofónico con presencia digital, además de otras tres entidades que difundían publicaciones vinculadas a consultoras, empresas o centros de análisis sin una finalidad propiamente periodística.
El séptimo caso corresponde a una plataforma digital cuya actividad consistía en reunir noticias elaboradas por otros medios de comunicación.
PSOE y Sumar modificaron las reglas de acceso de los periodistas
El conflicto que afecta a Vito Quiles, periodista de EDATV, se enmarca en un escenario de cambios en el funcionamiento de la prensa parlamentaria. Durante 2025, la Mesa del Congreso, controlada mayoritariamente por PSOE y Sumar, introdujo modificaciones en las disposiciones que determinan quién puede acceder a las instalaciones de la Cámara y bajo qué condiciones.
La reforma, aprobada en julio de aquel año, afectó al artículo 98 del Reglamento del Congreso y abrió la puerta a un nuevo sistema de control sobre las acreditaciones periodísticas.
Además de regular la expedición y renovación de las credenciales, las nuevas disposiciones incorporaron un régimen sancionador aplicable a los profesionales acreditados.
Dos meses después, en septiembre, la Mesa concretó el alcance de estas modificaciones mediante la aprobación de criterios específicos para la actividad informativa dentro del Parlamento.
Desde entonces, las normas contemplan requisitos relacionados con la circulación de los periodistas por las dependencias parlamentarias, el acceso a determinados espacios y la realización de grabaciones.
