El diario El Plural se enfrentó a una nueva condena judicial debido a la publicación de noticias falsas. En esta ocasión, la sentencia está relacionada con un bulo difundido sobre Jaime Martínez Bordiú Franco, nieto de Francisco Franco.
Esta condena pondría en riesgo la financiación pública del medio. Ya que la Ley de Medios que el Gobierno pretende impulsar estipula que con dos condenas por violación del derecho a rectificación o al honor, el digital sería ser sancionado. Quiere decir que un medio puede ser inhabilitado para recibir publicidad institucional de cualquier institución.
El caso comenzó con una rectificación solicitada por Jaime Martínez Bordiú Franco. En relación con un artículo que afirmaba incorrectamente que los Franco reivindicaban la propiedad de la Casa Cornide tras perder el Pazo de Meirás. En el artículo, El Plural insinuó que la Casa Cornide había sido donada al Ayuntamiento de A Coruña por la familia del geógrafo José Cornide, lo cual según resultó ser falso.
En realidad, la propiedad fue adquirida por el Estado en 1949 para ser utilizada como Conservatorio de Música, aunque nunca se destinó a ese fin.
En el artículo, El Plural insinuó que la Casa Cornide había sido donada al Ayuntamiento de A Coruña por la familia del geógrafo José Cornide, lo cual según resultó ser falso
Posteriormente, la casa fue permutada con otro bien municipal y adjudicada a Pedro Barrié de la Maza. Quien luego la vendió a Carmen Polo y Martínez Valdés. La familia Franco la heredó de esta.
Otra rectificación solicitada
No es la primera vez que El Plural enfrenta problemas legales por la difusión de información falsa. En una ocasión anterior, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia contra el editor del medio, Enric Sopena. Por la publicación de informaciones infundadas sobre Francisco José Alcaraz, exlíder de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y su esposa, Mamen Álvarez.
Sopena fue condenado a pagar una compensación económica de 1.800 euros a Alcaraz y 900 euros a su esposa. Además de eliminar todas las referencias a Alcaraz de la página web de El Plural.
El Tribunal Supremo concluyó que los artículos publicados por El Plural sobre Alcaraz contenían información falsa. Además, no habían sido sometidos a la debida diligencia investigativa. En lugar de informar con objetividad, los textos tenían como objetivo desacreditar a los demandantes, acusándolos falsamente de lucrarse a expensas de una asociación altruista.
Sopena fue condenado a pagar una compensación económica de 1.800 euros a Alcaraz y 900 euros a su esposa
En respuesta, Sopena apeló la decisión invocando la libertad de información y de expresión. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó su apelación, sosteniendo que la difusión de información falsa sin verificación previa no está protegida por esos derechos. La sentencia subrayó que los artículos constituían una difamación injustificada.
La Ley de Medios de Sánchez
Este historial de sentencias condenatorias coloca a El Plural en una situación delicada. La implementación de la nueva Ley de Medios podría significar la pérdida de fondos públicos esenciales para su funcionamiento. Esto sí, se confirma una segunda condena por violación del derecho a la rectificación o al honor.
La reciente condena, junto con las implicaciones de la Ley de Medios impulsada por Sánchez, representa un golpe significativo para El Plural. El medio deberá revisar sus prácticas periodísticas para asegurar que se adhieren a los principios de veracidad y objetividad impulsada por Sánchez. Evitando así futuras sanciones que podrían comprometer su viabilidad financiera y su credibilidad como fuente de noticias.
