La condena del proveedor de mascarillas al que el separatista Torra dio 35 millones
El hombre no poseía experiencia alguna
porGonzalo Pinilla
politica
J.M.P.R. alteró intencionadamente las autoliquidaciones trimestrales del IVA
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Se trata del intermediario que gestionó la adquisición de mascarillas para la Generalitat de Cataluña. El hombre no poseía experiencia alguna.
A pesar de eso, obtuvo contratos por más de 35 millones de euros de fondos públicos bajo el Gobierno de Quim Torra (ERC). Ahora, ha acordado una condena de cuatro meses de prisión por defraudar 255.550 euros a Hacienda. Así lo confirma Okdiario.
El administrador único de Basic Devices SL ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Esto para aceptar una condena por un delito contra la Hacienda Pública, relacionado con la venta de material sanitario en 2020.
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Además de la pena de prisión, que suponen que será suspendida, el empresario deberá pagar una multa de 102.220 euros. Sumado a esto, no podrá recibir subvenciones ni beneficios fiscales durante un intervalo de tiempo de nueve meses.
Tal y como recoge el medio citado, la empresa vendió mascarillas y equipos de protección al Instituto Catalán de Salud. Lo hizo por un valor de 35 millones de euros, y al Instituto de Radiofarmacia Aplicada de Barcelona por 3,5 millones.
Según el escrito de acusación, J.M.P.R. alteró intencionadamente las autoliquidaciones trimestrales del IVA, declarando cifras que no coincidían con los registros contables de la empresa. Esta manipulación permitió a la compañía evadir el pago de 255.550 euros al fisco.
Según el diario, el caso se destapó tras una inspección de la Agencia Tributaria iniciada en marzo de 2021. El acusado regularizó su situación fiscal de forma íntegra, abonando tanto la cantidad defraudada como los intereses de demora antes de ser llamado a declarar.
El acusado regularizó su situación fiscal de forma íntegra
El exlíder de UGT condenado
Justo ayer se dio a conocer la noticia de otra condena a Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT de Andalucía. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla lo ha condenado a tres años de prisión. También a pagar una multa de 50 millones de euros.
Se debió a un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones.
Según The Objective, hace referencia al uso "de forma consciente y fraudulenta" de los fondos proporcionados por la Junta de Andalucía. Ascendieron a un total de 40.620.256,43 euros y estaban destinados a programas de formación para personas en situación de desempleo y trabajadores en activo.
Dichos recursos fueron redirigidos hacia "fines distintos" a los establecidos originalmente, siendo empleados por UGT-A para cubrir actividades propias del sindicato, "ajenas al fin social para el que las recibieron".
