El Ejecutivo de Ayuso acusa al Gobierno central de desatender el mantenimiento de las vías y denuncia que la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado compromete la planificación de las infraestructuras
La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. El Ejecutivo autonómico considera que tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Transportes, Óscar Puente, deben abandonar la política y asumir las consecuencias de lo ocurrido en la red ferroviaria española.
El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel Martín, ha vinculado las tragedias con las deficiencias que, a su juicio, acumula el sistema ferroviario después de años de inversiones insuficientes. El dirigente popular sostiene que el Ejecutivo central no ha garantizado una conservación adecuada de las infraestructuras y que esta situación ha terminado por deteriorar la confianza de los ciudadanos en el tren.
"Se lo deben a las 115 víctimas", ha manifestado Martín al reclamar la salida de Sánchez y Puente, en referencia al balance conjunto de fallecidos que ha citado de ambos accidentes.
Madrid acusa a Puente de descuidar la seguridad ferroviaria
Las críticas del portavoz autonómico se han dirigido especialmente contra el responsable de Transportes. Martín considera que Puente ha dedicado más esfuerzos a su actividad en redes sociales que a resolver los problemas de seguridad que afectan a la circulación ferroviaria.
También ha cuestionado la actuación de Sánchez y ha recuperado la polémica por el nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, así como por la participación de Koldo García en consejos de administración.
En este contexto, el representante madrileño ha acusado al Gobierno de intentar trasladar las responsabilidades a trabajadores y técnicos ferroviarios, en lugar de examinar las decisiones adoptadas desde el propio Ministerio.
Según Martín, señalar al personal del centro de control o al maquinista responde a una forma de actuar que busca desviar la atención de las posibles deficiencias en la gestión política.
El portavoz ha insistido en que la prioridad debe ser esclarecer lo sucedido, pero también determinar si las administraciones responsables adoptaron las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo.
Reclaman inversiones urgentes para recuperar la confianza de los viajeros
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que los dos siniestros obligan a revisar las condiciones de seguridad de la red y a acelerar las actuaciones pendientes.
Martín ha defendido que las infraestructuras afectadas necesitan intervenciones inmediatas, tanto para corregir posibles deficiencias como para ofrecer mayores garantías a los pasajeros.
A su juicio, los accidentes han supuesto un duro golpe para la imagen de un sistema ferroviario que durante décadas había sido uno de los referentes de modernización del transporte en España.
Por ello, ha pedido al Ejecutivo central que concentre sus esfuerzos en mejorar la seguridad y restablecer la confianza de los usuarios.
Rocío Albert critica la ausencia de nuevos presupuestos
La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, también ha cuestionado la política ferroviaria del Gobierno, aunque ha centrado sus reproches en la gestión económica.
Albert ha advertido de que mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023 dificulta organizar las inversiones necesarias a medio y largo plazo.
La consejera sostiene que la planificación económica resulta esencial para garantizar que las infraestructuras reciban los recursos que necesitan y que las tareas de conservación no queden relegadas frente a otros proyectos.
Para respaldar su posición, ha recurrido al modelo de gestión del Metro de Madrid. Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico contempla una partida de 522 millones de euros destinada al mantenimiento, superior a la reservada para ampliar la red.
También ha mencionado los trabajos de automatización de la línea 6, una actuación que ha permitido abordar simultáneamente la renovación de elementos de la infraestructura que habían quedado anticuados.
Con este ejemplo, Albert ha defendido la importancia de aprovechar las grandes intervenciones para mejorar las condiciones de seguridad y prolongar la vida útil de las instalaciones.
La responsable económica ha planteado, además, dudas sobre la utilización de los fondos europeos destinados a modernizar el ferrocarril español. En concreto, ha reclamado explicaciones sobre las actuaciones financiadas con estos recursos y el cumplimiento de los compromisos para actualizar sistemas obsoletos.
