La Comisión Europea ha iniciado este viernes el proceso para sancionar a la red social X (anteriormente conocida como Twitter) por "incumplir" las obligaciones establecidas en la nueva Ley de Servicios Digitales europea (DSA). El Ejecutivo comunitario ha comunicado a X sus conclusiones preliminares, destacando que la plataforma ha concedido acceso discrecional a su insignia azul de cuenta verificada, lo que "perjudica" la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas.
La Comisión Europea sostiene que existen pruebas de que agentes maliciosos han abusado de la "cuenta verificada" para engañar a los usuarios, lo que supone una violación de la DSA. Esta es la primera vez que Bruselas emite conclusiones preliminares desde la entrada en vigor de la ley, un hecho que fuentes comunitarias consideran un "hito", aunque advierten que "no serán las últimas".
Según la opinión preliminar de la Comisión, X puede presentar alegaciones en su defensa. Las conclusiones también mencionan prácticas relacionadas con patrones oscuros, la falta de transparencia publicitaria y el acceso limitado a los datos para los investigadores.
En particular, las conclusiones señalan que permitir que cualquiera pueda suscribirse para obtener una cuenta verificada afecta negativamente a la capacidad de los usuarios para discernir la autenticidad de las cuentas y los contenidos con los que interactúan. Sin embargo, Bruselas no se ha pronunciado sobre Instagram que actualmente implementa la misma política.
Bruselas considera que X no cumple con la transparencia exigida en materia de publicidad, ya que no proporciona un repositorio de anuncios fiable y accesible para los usuarios. En su lugar, ha implementado características de diseño y barreras de acceso que dificultan la supervisión e investigación necesarias de los riesgos emergentes asociados a la publicidad en línea.
Además, X no facilita el acceso a sus datos públicos a los investigadores según las condiciones establecidas en la DSA. La plataforma prohíbe a los investigadores calificados acceder de forma independiente a sus datos públicos y establece un proceso disuasorio para concederles acceso a su interfaz de programación de aplicaciones, imponiendo tasas desproporcionadamente altas.
La Comisión ha informado a X de su opinión preliminar de que está infringiendo la DSA, aunque no se prejuzga el resultado final de la investigación. X tiene ahora la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y emitir alegaciones por escrito.
