La Comisión Europea acorrala a Sánchez: ¿Por qué no combate la corrupción?

La Comisión Europea está  siguiendo de cerca si el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado las recomendaciones de la UE para combatir la corrupción.

Este control se produce en un contexto en el que los casos de corrupción que involucran al entorno cercano al presidente del Gobierno.

Bruselas considera que este tema es crucial  y se mantiene vigilante  sobre las acciones del Ejecutivo español en esta materia.

El comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, respondió recientemente a una consulta del Partido Popular Europeo.

En su respuesta, McGrath destacó que  la Comisión supervisa de manera continua las medidas adoptadas a nivel nacional. El objetivo es cumplir con las recomendaciones emitidas en los informes anuales sobre el Estado de Derecho.

Además, indicó que Bruselas ha ofrecido reuniones con las autoridades de todos los Estados miembros, incluida España, para hacer un seguimiento de estas recomendaciones.

Preocupación sobre la presión política al Poder Judicial

El informe más reciente sobre el Estado de Derecho en España, publicado en julio del año pasado, fue particularmente crítico.

En él, Bruselas expresó su preocupación por lo que considera «presión indebida» sobre el Poder Judicial por parte de miembros del Gobierno de Sánchez.

La UE subraya que, en algunos países miembros, las declaraciones públicas de los políticos, incluidos los miembros del Gobierno, podrían afectar la independencia judicial.

De acuerdo con la Comisión Europea, este tipo de presión podría tener efectos negativos en la confianza del público en la justicia. Eslovaquia, Italia y España fueron mencionados en este contexto, con énfasis en las declaraciones de políticos que critican al sistema judicial.

Además, Bruselas hizo hincapié en la falta de independencia del fiscal general del Estado y sugirió que se lleve a cabo una reforma para separar su mandato del del Gobierno.

La lucha contra la corrupción y la falta de medidas concretas

La Comisión Europea también se refirió a la lucha contra la corrupción en su informe, especialmente en relación con los casos de alto nivel que afectan a España.

Bruselas destacó la necesidad de tomar medidas más eficaces para prevenir y combatir la corrupción, además de reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses.

El Gobierno español tiene la obligación de aprobar, antes de septiembre de 2024, una estrategia global para luchar contra la corrupción. Aunque la actividad correspondiente aún no ha comenzado.

Una de las medidas que Bruselas ha propuesto es la creación de canales seguros para los denunciantes de corrupción, conocidos como "whistleblowers", quienes alertan sobre casos de corrupción dentro del Gobierno.

Además, la UE ha solicitado que se hagan públicas las declaraciones de bienes de los cónyuges de los miembros del Gobierno. Una petición que ha sido rechazada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El impacto de los escándalos de corrupción en el entorno de Sánchez

La respuesta de la Comisión Europea se produce en medio de los escándalos de corrupción que afectan al entorno personal y político del presidente.

Casos como el de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y David Sánchez, su hermano, continúan acaparando la atención pública

 En particular, la trama Koldo y el escándalo relacionado con el fiscal general por la filtración de datos confidenciales sobre la pareja de Ayuso.

Directiva de la UE y el futuro de la lucha contra la corrupción en España

Bruselas recordó que en mayo de 2023 presentó una directiva para actualizar y armonizar las normas de la UE sobre los delitos de corrupción.

La Comisión animó a los colegisladores a iniciar diálogos para aprobar esta directiva lo antes posible. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez continúa enfrentando la presión tanto interna como externa para implementar reformas efectivas en la lucha contra la corrupción.

La situación actual refleja la creciente preocupación de la Unión Europea sobre la falta de avances en España en lucha contra la corrupción.

Mientras los casos judiciales siguen su curso, la presión internacional sobre el Gobierno español está en aumento.