La petición se produce después de que trascendieran encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el entonces teniente fiscal
La investigación judicial del denominado ‘caso Leire’ continúa avanzando y amenaza con aumentar la presión política y judicial sobre el entorno del PSOE y de la Fiscalía General del Estado. La acusación popular unificada, encabezada por el Partido Popular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la declaración como testigos del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de varios fiscales que mantuvieron reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez entre marzo y abril de 2025.
La petición se produce después de que trascendieran encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo —defensor del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán— y el entonces teniente fiscal Diego Villafañe, considerado mano derecha de García Ortiz durante su etapa al frente del Ministerio Público.
Leire Díez y sus reuniones con la mano derecha de García Ortiz
Según sostienen las acusaciones populares, dichos encuentros podrían tener relevancia penal al haberse producido, presuntamente, en el contexto de una trama destinada a interferir en investigaciones policiales y judiciales que afectaban al PSOE y a miembros del Gobierno. La solicitud remitida al juez plantea que es necesario esclarecer qué información se trasladó durante esas reuniones y si existieron instrucciones o actuaciones posteriores desde la Fiscalía.
Además de García Ortiz y Villafañe, la acusación reclama la comparecencia de la fiscal adscrita Beatriz López, de la fiscal Ana Isabel García León y del jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la madrileña calle Fortuny. El motivo principal radica en la ausencia de registros oficiales sobre las visitas y reuniones celebradas durante aquellas fechas, una circunstancia que las acusaciones consideran especialmente relevante.
Fuentes jurídicas apuntan a que la inexistencia de anotaciones oficiales sobre los accesos a la Fiscalía ha generado una importante “laguna probatoria” dentro de la investigación. Precisamente por ello, las acusaciones consideran esencial conocer quién autorizó las reuniones, cuál fue su contenido y si se informó de las mismas al entonces fiscal general del Estado.
En el escrito remitido al magistrado, la acusación popular sostiene que la declaración de Álvaro García Ortiz permitiría determinar si tuvo conocimiento directo o indirecto de esos encuentros, cuándo fue informado y si realizó alguna valoración o impartió instrucciones tras conocer los hechos. También pretenden aclarar por qué no quedó constancia oficial de unas reuniones que podrían afectar a procedimientos judiciales de enorme trascendencia política.
La figura de Leire Díez ha ido ganando protagonismo en las últimas semanas dentro de distintas investigaciones vinculadas al PSOE. La exmilitante socialista ha sido relacionada con supuestas maniobras dirigidas a desacreditar investigaciones judiciales y policiales sensibles para el entorno del partido.
Uno de los elementos que más inquietud ha generado entre las acusaciones es el testimonio ofrecido por el abogado Jacobo Teijelo, quien evitó detallar el contenido de las reuniones al acogerse al secreto profesional. Esa negativa a responder con precisión ha reforzado la petición para que comparezcan el resto de asistentes a los encuentros.
