EDATV Carles Puigdemont manda, Pedro Sánchez obedece: la amnistía que humilla a la Justicia
Piden al Constitucional amparar al expresidente pese a que el Supremo rechazó aplicarle la amnistía por malversación reiterada
El Gobierno mueve ficha para proteger a Carles Puigdemont, usando Fiscalía General del Estado y Abogacía del Estado como herramientas políticas. Ambos organismos piden al Tribunal Constitucional amparar al expresidente pese a que el Tribunal Supremo rechazó aplicarle la amnistía por malversación grave reiterada. No es justicia, es supervivencia parlamentaria, pagar favores a independentistas y convertir la ley en moneda negociable permanente desde despachos oficiales.
Los escritos de Fiscalía y Abogacía acusan al Supremo de interpretar la norma de forma imprevisible y sin motivación suficiente real. Traducido, Moncloa considera un problema que los jueces no obedezcan la voluntad política del legislador gubernamental en esta etapa oscura. El objetivo declarado es cerrar procesos del proceso independentista, cancelar condenas y borrar responsabilidades económicas sin importar precedentes para futuros casos.
El Gobierno mueve ficha para proteger a Carles Puigdemont | Europa Press
El Gobierno acusa al Supremo por no obedecer la amnistía
La Abogacía del Estado afirma que el Supremo debió aplicar la ley según voluntad del legislador pactada con Junts en Madrid. Para el Ejecutivo, esa intención política pesa más que proteger dinero público y respetar siempre la separación básica de poderes constitucionales. La Fiscalía habla de contradicciones y saltos argumentales porque el tribunal se negó a borrar malversación acreditada con pruebas sólidas.
Cuando un juez aplica la ley, el Gobierno responde llamándolo arbitrario y obstáculo político para sus pactos de investidura actual. El choque nace porque el Supremo ve perjuicio económico mientras Moncloa insiste en cubrirlo todo con amnistía para seguir gobernando. Basta leer el preámbulo para comprobar que buscaban finalizar condenas y causas de todos implicados sin excepción alguna.
Europa allana el camino mientras Puigdemont sigue protegido
El Constitucional espera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo abogado general ya avaló la ley en noviembre con informe previo oficial publicado. Descartó vínculo directo entre gastos del proceso soberanista catalán y finanzas comunitarias, contradiciendo la tesis mantenida por el Supremo. Con ese fallo, el Constitucional podrá resolver, aunque la aplicación final seguirá dependiendo formalmente del alto tribunal en Madrid capital.
Mientras tanto, Puigdemont permanece fuera de España con orden nacional vigente y un Gobierno trabajando para borrarla cuanto antes. Esto no es reconciliación, es presión institucional, desacreditar al Supremo, instrumentalizar Fiscalía y empujar al Constitucional desde Moncloa. La amnistía deja de ser excepcional y pasa a convertirse en precio directo de una investidura frágil negociada en Bruselas.
El resultado es un Estado debilitado, justicia cuestionada desde dentro y ciudadanos aprendiendo que delinquir compensa políticamente si tienes votos. España no vive convivencia, vive rescate político con Puigdemont como beneficiario principal y el derecho como víctima de esta legislatura. Toca exigir responsabilidades, defender la Constitución y recordar que España no está en venta para nadie.
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