El Gobierno mueve ficha para proteger a Carles Puigdemont, usando Fiscalía General del Estado y Abogacía del Estado como herramientas políticas. Ambos organismos piden al Tribunal Constitucional amparar al expresidente pese a que el Tribunal Supremo rechazó aplicarle la amnistía por malversación grave reiterada. No es justicia, es supervivencia parlamentaria, pagar favores a independentistas y convertir la ley en moneda negociable permanente desde despachos oficiales.
Los escritos de Fiscalía y Abogacía acusan al Supremo de interpretar la norma de forma imprevisible y sin motivación suficiente real. Traducido, Moncloa considera un problema que los jueces no obedezcan la voluntad política del legislador gubernamental en esta etapa oscura. El objetivo declarado es cerrar procesos del proceso independentista, cancelar condenas y borrar responsabilidades económicas sin importar precedentes para futuros casos.
El Gobierno acusa al Supremo por no obedecer la amnistía
La Abogacía del Estado afirma que el Supremo debió aplicar la ley según voluntad del legislador pactada con Junts en Madrid. Para el Ejecutivo, esa intención política pesa más que proteger dinero público y respetar siempre la separación básica de poderes constitucionales. La Fiscalía habla de contradicciones y saltos argumentales porque el tribunal se negó a borrar malversación acreditada con pruebas sólidas.
