Cantabria impulsa su primera ley integral de vivienda con medidas contra la okupación

 El Gobierno de Cantabria aprobó este martes el proyecto de ley de vivienda en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Se trata de la primera norma integral en la comunidad para afrontar la falta de pisos y los problemas de acceso a la vivienda. El Ejecutivo autonómico quiere aumentar la oferta tanto en compra como en alquiler y garantizar que los precios sean asequibles. El proyecto pretende movilizar cerca de 50.000 viviendas vacías en la región mediante incentivos, ayudas y garantías públicas.

Las autoridades calculan que estos inmuebles representan aproximadamente el catorce por ciento del total de edificaciones. También se incluye la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal con medidas específicas de reacción rápida. El texto prevé que la Policía Local pueda realizar desalojos inmediatos cuando la ocupación sea flagrante y acreditada.

Además, se creará una oficina de atención a víctimas de ocupación e inquiokupación con apertura inmediata en la región. El Gobierno habilitará en las próximas semanas un teléfono específico para asistencia en este tipo de situaciones.

La norma también impedirá que personas condenadas por estos delitos puedan acceder a ayudas o programas sociales.

El proyecto contempla un régimen sancionador con multas de hasta noventa mil euros para usos indebidos de viviendas protegidas.

Destaca la prohibición de destinar una VPO al alquiler turístico bajo riesgo de sanción económica elevada.

El documento será remitido al Parlamento autonómico con el objetivo de aprobar la ley cuanto antes y con consenso. La presidenta María José Sáenz de Buruaga pidió a los grupos políticos diálogo, sensatez y ánimo constructivo. Afirmó que el texto debe situarse al margen de ideologías y busca durar en el tiempo con respaldo amplio.

Presentó la iniciativa en rueda de prensa junto al consejero de Vivienda, Roberto Media, responsable del área. Media señaló que el PRC veía con buenos ojos el texto, aunque consideraba que algunos puntos debían pulirse.

El Ejecutivo regional confía en sumar a Vox a las negociaciones y duda de un posible apoyo del PSOE. Buruaga destacó que la ley nace con el respaldo de entidades y asociaciones que participaron con alegaciones. El proyecto fomenta la rehabilitación, la regeneración urbana y la construcción de vivienda protegida en Cantabria.

También impulsa la colaboración con la iniciativa privada para facilitar viviendas dignas y asequibles a la población.

Incluye medidas de simplificación administrativa mediante la declaración responsable para agilizar trámites.

La presidenta subrayó que la norma incorpora herramientas legales para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Se contemplan protocolos de desalojo inmediato y asistencia gratuita a través de una oficina de apoyo específica. El texto recoge medidas de protección social y alternativas habitacionales en casos de vulnerabilidad real.