La prórroga de la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible no ha conseguido frenar el descontento de los agricultores españoles. Asaja, COAG y Unión de Uniones han anunciado una movilización conjunta en Madrid para el próximo 28 de octubre, después de considerar insuficientes las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar el encarecimiento de la actividad agraria.
La protesta llevará una nueva columna de tractores hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encabezado por Luis Planas. Las tres organizaciones pretenden reclamar cambios en las políticas económicas y comerciales que afectan al campo, en un momento en el que denuncian que numerosas explotaciones tienen dificultades para cubrir sus gastos.
UPA, que había participado en las advertencias iniciales de movilizaciones, no figura entre las entidades convocantes.
El compromiso de Planas que no ha convencido al campo
La decisión de volver a las calles llega después de varias semanas de conversaciones con el Ministerio de Agricultura.
La decisión de volver a las calles llega después de varias semanas de conversaciones con el Ministerio de Agricultura
Ante la posibilidad de protestas en todo el país, Planas reunió hace aproximadamente dos semanas a representantes del sector y anunció que el Gobierno llevaría al Consejo de Ministros nuevas actuaciones para aliviar la situación económica de agricultores y ganaderos.
Las asociaciones esperaban un conjunto de reformas con efectos duraderos. Sin embargo, el Ejecutivo optó por mantener hasta finales de año la bonificación de 20 céntimos al carburante que ya estaba en vigor.
Esta decisión ha sido recibida con críticas por parte de las organizaciones convocantes, que consideran que prolongar una ayuda existente no resuelve el problema de fondo.
El incremento del precio del gasóleo agrícola, especialmente durante los siete últimos meses en el contexto de la guerra de Irán, ha agravado los gastos de funcionamiento de las explotaciones.
Pero el combustible no es el único problema. Los productores también afrontan mayores desembolsos en abonos, electricidad y alimentación animal, mientras denuncian que los precios de venta no siempre permiten recuperar el dinero invertido.
Una propuesta para cambiar la fiscalidad del gasóleo agrícola
Entre las medidas que las asociaciones quieren trasladar al Gobierno destaca la implantación de un sistema permanente de gasóleo profesional agrario.
La propuesta contempla una tributación reducida y estable, de manera que los productores puedan beneficiarse de descuentos directamente al llenar el depósito de sus vehículos agrícolas.
Con este modelo, las organizaciones buscan sustituir la dependencia de subvenciones extraordinarias por un mecanismo que permita conocer de antemano el coste del combustible.
También solicitan compensaciones adicionales para afrontar el actual incremento de los precios. Advierten de que determinados sectores, especialmente el cerealista, podrían sufrir graves consecuencias económicas si la situación se prolonga.
Las importaciones y las ayudas europeas, otros focos de conflicto
La convocatoria no se limita a las decisiones del Ejecutivo español. Una parte de las reclamaciones se dirige a las políticas comunitarias que condicionan la actividad de agricultores y ganaderos.
Las tres organizaciones quieren evitar que la próxima reforma de la Política Agraria Común implique una reducción de los fondos destinados al sector. Defienden que se mantenga una financiación suficiente y la estructura diferenciada de sus dos pilares.
También expresan su oposición a las condiciones actuales de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y Marruecos.
Su principal argumento es que los productores españoles deben cumplir requisitos que, según denuncian, no siempre se exigen en las mismas condiciones a las mercancías importadas.
Por ello, solicitan controles efectivos en las fronteras y normas equivalentes para los productos que acceden al mercado europeo.
