La UCO ha concluido que Moncloa accedió al correo entre la defensa de la pareja de Ayuso y la Fiscalía antes de su publicación en prensa. El informe de la UCO vincula a varios cargos públicos, incluido Juan Lobato, ex secretario del PSOE Madrid, y altos asesores de Moncloa.
El correo contenía detalles del reconocimiento de delitos fiscales de González Amador, pareja de Ayuso, enviados por su abogado a la Fiscalía. Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa, habría enviado el correo a Lobato antes de que los medios tuvieran acceso al contenido del mismo.
Según la UCO, el correo aún no estaba en medios a las 8:29 AM. Cuando Sánchez Acera ya lo tenía, descartando que lo obtuviera de la prensa. La investigación apunta a que otros implicados incluyen a Ion Antolín, secretario de Estado de Comunicación, y Francesc Vallés, ex secretario.
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La UCO analiza el móvil de Lobato, quien lo entregó voluntariamente tras declarar como testigo el pasado 20 de noviembre ante el juez. Los investigadores concluyen que altos cargos de Moncloa tuvieron acceso al correo desde su origen, vulnerando la confidencialidad del caso.
Este correo fue clave en la estrategia de defensa de González Amador para llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre dos delitos fiscales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también es investigado por su posible implicación en la presunta revelación de secretos.
El juez examina ahora el posible papel de Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, señalada en la denuncia presentada por González Amador. La UCO resalta que estas filtraciones suponen una grave violación de la confidencialidad, comprometiendo la imparcialidad de la investigación.
El correo contenía detalles del reconocimiento de delitos fiscales de González Amador, pareja de Ayuso
El caso toma un giro político al involucrar directamente a altos cargos relacionados con la comunicación del Gobierno y el PSOE. La directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, también figura en la lista de implicados de la UCO.
La investigación pone el foco en cómo los correos privados se filtraron dentro del entorno de Moncloa y su posible uso político estratégico. El juez decidirá si amplía la investigación para incluir a más personas que pudieron tener acceso al correo antes de su publicación en prensa.
La UCO advierte de que la revelación de secretos podría tener graves consecuencias legales. Sobre todo para los implicados en este caso. El resultado de esta investigación será clave para determinar si hubo uso indebido de información confidencial desde instituciones públicas.
